Una Ilusión De Armonía. Por Naim y Piñango

UNA ILUSIÓN DE ARMONÍA

Por Moisés Naím y Ramón Piñango

 (Se transcribe el Último Capítulo de este excelente trabajo de Moisés Naim y Ramón Piñango en 1984. Este capítulo es la CONCLUSIÓN GENERAL, a partir de un estudio detallado en el que se abordaba la problemática país de aquel momento, en aspectos tan diversos, como el político, militar, empresarial, obrero, relaciones exteriores, salud, etc.) 

¿Qué tienen en común los veintiún capítulos precedentes? ¿Cómo se relaciona, por ejemplo, lo que ha sucedido en Venezuela en el sector salud con la visión que se nos ofrece de nuestro proceso de industrialización o con el análisis de los esfuerzos realizados en el área de la educación? ¿Se podría explicar la evolución y la situación actual de nuestras relaciones internacionales con argumentos que también sirvan para entender lo que ha acontecido en Venezuela con las Empresas del Estado o con el sector privado? 

Preguntas como estas motivan y orientan el presente capítulo. La exploración de posibles respuestas nos permitirá obtener una visión general del país, así como algunas interpretaciones acerca de su naturaleza, su funcionamiento, sus limitaciones y sus posibilidades. 

Comenzaremos la discusión tratando de destilar de los capítulos sus características comunes más generales, profundizando gradualmente en la interpretación del significado y las implicaciones de los datos y conclusiones contenidos en ellos. 

La preocupación central de esta búsqueda de interpretaciones y significados es caracterizar y entender cómo ha sido conducido el país durante esta etapa democrática (cuáles han sido sus objetivos, sus prioridades, o cómo se han integrado los esfuerzos de los venezolanos, por ejemplo), con el fin de derivar de tal comprensión algunos lineamientos esenciales para una mejor conducción del futuro. 

La orientación de Venezuela y su manejo han sido determinados por una infinidad de factores, unos más permanentes o estructurales, otros más circunstanciales, algunos de índole interna y otros que responden a la dinámica internacional. Sin embargo, la manera como ha sido conducida la nación también ha estado definitivamente influida por las visiones generalizadas que, como sociedad, hemos desarrollado acerca de nuestra situación, sus limitaciones, sus posibilidades y, por supuesto, acerca de cómo hacer progresar al país dentro de ese conjunto de limitaciones y posibilidades. Esas visiones han tenido, a nuestro juicio, un arraigo tan profundo que han llegado a ser compartidas por una amplísima gama de grupos y personas con suficiente influencia como para haber moldeado la Venezuela de hoy, aunque no hayan tenido participación en gobierno alguno. 

Como ya se anticipó en la introducción del libro, este capítulo concentrará su atención en lo que está más cercano a las decisiones de hombres y mujeres que actúan en el sector público o en el privado. En las suposiciones, hipótesis, creencias, o puntos de vista que han hecho que esas decisiones hayan contribuido a conducir al país en un sentido y no en otro. Y en la parte final nos atreveremos a plantear otro punto de vista que consideramos más realista y útil para orientar las decisiones y acciones que tienen como propósito hacer avanzar al país y sus organizaciones. 

Muy poco hablaremos sobre lo estructural. Como sabemos, eso tiene que ver, entre otras cosas, con la configuración cultural de la nación, con la forma en que se distribuyen la riqueza, el ingreso y las oportunidades en su población, las maneras básicas en que está organizado el aparato productivo, con las relaciones que se establecen entre empleadores y empleados, entre dirigentes y dirigidos, y, por supuesto, con la dependencia del país en relación con otras naciones. Obviamente, factores como estos afectan la conducción de una nación, pero sobre ellos no es fácil incidir de manera significativa a corto plazo y a través de decisiones y acciones casi cotidianas. Es mediante decisiones, acciones y omisiones como realmente influimos sobre la realidad del país. 

Por ello es preciso tener plena conciencia de cuáles son los elementos básicos que han orientado esas decisiones, acciones y omisiones cuando hemos manejado organizaciones tanto públicas como privadas. Si los venezolanos no revisamos la manera como se maneja el país, éste seguirá la misma dirección que hasta ahora ha seguido, a pesar de cualquier esfuerzo que se haga por corregir el rumbo. Por tal razón, es lamentable que muy poca atención se le haya prestado a las características fundamentales de la conducción del país y sus organizaciones cuando se ha estudiado la reciente evolución de Venezuela. 

El énfasis de este capítulo estará, entonces, en las decisiones, acciones y omisiones de gobernantes, sindicalistas, intelectuales, empresarios, profesionales, militares y políticos; inclusive de aquellos que han estado en permanente oposición a los gobiernos que hemos elegido desde 1958. Caracterizar los principales rasgos de la conducción del país y sus organizaciones y desentrañar algunos de sus factores determinantes serán las dos líneas de pensamiento cuyo desarrollo nos permitirá ordenar los datos y conclusiones contenidos en los capítulos de este libro y resumir las implicaciones más importantes que de ellos se derivan para el camino que el país tiene que andar. 

Si bien este libro fue escrito entre 1981 y 1984 —período que probablemente llegará a ser considerado como el inicio de importantes transformaciones y cambios en casi todos los órdenes del país— hemos puesto todo nuestro empeño en adoptar una visión que no esté demasiado influida por las turbulencias, incertidumbres y expectativas que han marcado esta época. Pero hay que reconocer que los cambios económicos que hacen crisis en 1983 han tenido influencia en moldear las ideas contenidas en este libro, incluyendo, por supuesto, las de este capítulo final. 

También es necesario aclarar que las concepciones y conclusiones incluidas en este capítulo corresponden a un enfoque personal de sus autores y no necesariamente reflejan la posición de los especialistas que prepararon los capítulos anteriores. 

Y hay que añadir que esa visión personal, aquí expresada en términos de una conversación sobre el país —que trata de traer a colación, siempre que sea posible, ejemplos de la vida cotidiana tal como aparecen en la prensa, la televisión y la tertulia diaria entre amigos y conocidos— está relacionada con teorías desarrolladas por estudiosos de los procesos sociales, políticos y económicos, en general, y del fenómeno latinoamericano, en particular y de las adaptaciones y modificaciones que nosotros hemos hecho de estas teorías. En este capítulo, sin embargo, omitiremos las referencias teóricas para centrarnos más bien en las conclusiones e implicaciones que de ellas se derivan al aplicarlas al caso de Venezuela. 

Dicho todo lo anterior, repitamos la pregunta inicial: ¿Cuáles son las principales generalizaciones que se pueden derivar de los capítulos que integran este libro? 

DINERO, DESEOS Y CRECIMIENTO 

Los capítulos precedentes nos presentan a una Venezuela con carencias y rezagos importantes, con contradicciones propias de un país en plena lucha por industrializarse y urbanizarse, por llevar los servicios básicos a la población, por crear instituciones sociales y políticas, por aprender a administrarse, por consolidar la democracia. 

Pero los puntos en común más notables, a veces hasta sorprendentes, y más fáciles de detectar, al leer los capítulos, son el notable crecimiento que ha vivido el país en todos sus sectores y actividades, y el hecho de que este crecimiento tuvo como sus dos grandes motores los recursos disponibles a partir de la explotación del petróleo y las crecientes aspiraciones de la población. Más brevemente, dinero y deseos. 

Recordemos algunos datos. En su ensayo, Escobar señala que el envidiado "milagro alemán" significó que, después de la Segunda Guerra Mundial, la economía de Alemania creció entre 4 y 5 por ciento cada año. La economía venezolana creció al 7 por ciento anual durante 23 años. Este crecimiento se ve reflejado en todos los capítulos del libro. Hung y Piñango, por ejemplo, indican que el número de instituciones de educación superior pasó de 9 en 1960 a 80 en 1981 y que el número de estudiantes universitarios aumentó más de 11 veces en ese mismo período. Pinto Cohén nos hace ver que la producción agrícola se multiplicó por 5 entre 1940 y comienzos de la presente década, creciendo a más de 4 por ciento cada año. En salud, las cifras incluidas por Galli y García muestran que el número de camas hospitalarias pasó de 15.000 en 1950 a 40.000 en 1980. Por su parte, el sector industrial multiplicó por 6 su tamaño entre 1950 y 1978, llegando a crecer a tasas cercanas al 9 por ciento cada año entre 1971 y 1978 (Bitar y Mejías), mientras que el número de ciudades con más de 20.000 habitantes pasó de 20 en 1950 a 65 en 1981 (Fossi). A su vez, el sector público pasó de tener, aproximadamente, 200.000 empleados en 1957 a 957.000 en 1981 (Hannot y Cova) mientras que el número de agencias bancarias aumentó de 80 a 1.300 entre 1950 y 1981 (Naím). 

Evidentemente, detrás de estas tasas de crecimiento —que en algunos casos constituyeron marcas mundiales-están las crecientes presiones de una población en aumento y la posibilidad de responder a dichas presiones con fondos provenientes de la exportación del petróleo. No sólo se trata de una población que crece aceleradamente a una tasa que ha oscilado entre el 3 y el 4 por ciento anual (Valecillos) sino que también es una población que demanda y espera cada vez más. El crecimiento acelerado de las demandas y expectativas de la población es usual en los procesos de industrialización y modernización de los países. 

En Venezuela, sin embargo, la expansión de dichas expectativas se hace aún más intensa debido, entre otros factores, a un proceso de urbanización que, tanto Fossi como Baptista, documentan como uno de los más veloces ocurridos en América Latina. La existencia de un sistema democrático competitivo también contribuye a elevar las expectativas de la población, ya que en este sistema las ofertas electorales de los partidos tienden a relegar a planos secundarios sus propuestas ideológicas para concentrarse más bien en las demandas y necesidades concretas de los grupos más pobres y mayoritarios (Urbaneja). 

Que se haya podido satisfacer una parte de estas necesidades a un ritmo muy acelerado —tal como lo evidencian los datos suministrados por Baptista— ha contribuido a crear más expectativas y necesidades al conjugarse con lo que se ha dado en llamar el "efecto demostración". Este efecto consiste en el aumento de las aspiraciones, deseos y ambiciones de una persona o grupo como consecuencia de observar en otros, condiciones de vida, situaciones o posesiones más atractivas que las que tiene. 

Ver que otros tienen o pueden tener intensifica los deseos de tener o poder que previamente estaban latentes o que quizás ni siquiera existían. Tal "efecto demostración" en las expectativas y aspiraciones opera en todos los estratos económicos de la sociedad como lo ilustran, por ejemplo, los retratos y caricaturas de la “burguesía presupuestaria” y los “mayameros” que Lerner nos presenta sobre los venezolanos de hoy en día. 

Como sabemos, el telón de fondo de todo lo anterior es el petróleo, o más precisamente, los ingresos públicos que se obtienen de su venta en el exterior. Sobre esto sólo basta recordar algunos datos citados en los capítulos de Coronel y de Escobar. Desde el comienzo de la explotación petrolera en 1914, Venezuela ha producido más de 36.000 millones de barriles de petróleo. Si bien el petróleo ha tenido un precio promedio de venta en el exterior que ha variado mucho (pasando de 2 dólares por barril en 1968 a 14 en 1974 y 30 en 1981, para colocarse en cerca de 25 dólares en 1983), sus ventas internacionales han generado un constante flujo de ingresos para el Estado. Este proceso se disparó en la década de los años 70 cuando los ingresos del gobierno central se multiplicaron 10 veces, pasando de 9.000 millones de bolívares en 1968 a 90.000 millones en 1981. Para sorpresa de nadie, el gasto público siguió una tendencia casi idéntica a la de los ingresos del Estado, llegando incluso a sobrepasarlos durante ciertos períodos. 

SEMBRAMOS ASPIRACIONES Y COSECHAMOS FRUSTRACIONES 

No hay duda. La fortuna petrolera ha hecho posible que nuestra población tenga grandes aspiraciones. Aspiraciones personales y sobre el desarrollo del pais. Aspiraciones amplias y diversas, materiales y espirituales. De ir con frecuencia a Margarita, Curazao, Miami, New York, París, o St. Moritz; de recibir más educación, más poder y más dinero; de tener betamax, biblioteca, carro, viviendas, servicios básicos, etc., etc. Aspiraciones cuyo contenido varía de un estrato social a otro, pero que son igualmente elevadas para amplios y distintos sectores de la población. 

Por largo tiempo, gran parte de los grupos altos y medios han podido o han creído poder satisfacer esas aspiraciones hasta el punto en que aun los menos favorecidos han estado convencidos de que para ellos también habrá si se tiene un poco de paciencia y algo de suerte... es asunto de esperar y cruzar los dedos. Ha ocurrido, en mucho, lo que se ha llamado el "efecto túnel": es como si la población hubiese sido atrapada en una inmensa cola dentro de un túnel y al ver unos que otros avanzan se mantiene viva la esperanza de que, tarde o temprano, a cada uno le llegará su momento de avanzar, aliviándose así la impaciencia y la frustración. 

Pero las aspiraciones no han crecido solas. Con ellas ha crecido el sentimiento de que estamos muy lejos de lo que aspiramos para nosotros individualmente y para el país como sociedad. Las élites, los políticos, los empresarios, los académicos, los medios de comunicación y hasta los extranjeros, al mismo tiempo que han demostrado que hay cosas mejores a las que podemos aspirar, han sido también muy eficaces en convencer a los venezolanos de que mucho nos falta para ser un pueblo verdaderamente honesto, responsable, trabajador y eficaz y de que nuestra sociedad no es auténticamente democrática, justa y productiva. Es más, en muchos predomina el convencimiento de que hemos empeorado, de que "cualquier tiempo pasado fue mejor", lo que es curioso, porque cerca de la mitad de la población tiene menos de 18 años. 

Ni siquiera estamos muy dispuestos a reconocer los logros. ¿Cuántos venezolanos supuestamente informados y cultos reconocerían, por ejemplo, que en agricultura y educación hemos avanzado significativamente? 

Hay, entonces, bases para afirmar que, al lado de las grandes aspiraciones, coexisten otros dos rasgos en el venezolano de hoy: la frustración y el escepticismo. La frustración depende directamente del esfuerzo realizado y lo elevado de las aspiraciones, por lo que tal vez es más intensa entre los de más edad. 

El escepticismo está más relacionado con la conciencia sobre las dificultades para hacer realidad lo que se aspira, y a la poca confianza en el venezolano, la cultura del país, sus instituciones y sus líderes. ¿Cómo no ser escéptico cuando se está convencido de que el país tiene ante sí enormes y complejos retos, y que su sociedad y sus líderes no están a la altura de esos retos? Tan agudo escepticismo se manifestó diáfanamente cuando, ante el silencioso, pulcro y puntual funcionamiento del nuevo Metro de Caracas o ante la colorida precisión de las barras de niñas de unos juegos olímpicos, muchos expresaron con ingenua pero hiriente crueldad; ¡No parece Venezuela! 

UNA PREGUNTA CRUCIAL: ¿COMO NOS UNIMOS PARA AVANZAR? 

Crecimiento rápido, grandes aspiraciones, enormes frustraciones. Pero avanzamos. Muy lejos estamos de ser un país desarrollado, altamente productivo, relativamente autónomo de otros países, con una justa distribución de la riqueza, y auténticamente democrático... Pero avanzamos. ¿Cómo lo logramos? Para que cualquier grupo humano pueda progresar en algún sentido se precisa que buena parte de los esfuerzos individuales de los miembros del grupo se compleméntela y logren crear una fuerza dominante que apunte en una misma dirección. (Lo que está en juego es similar al clásico ejemplo de la carreta tirada por caballos que halan en un mismo sentido). 

Para ello, es preciso que los integrantes del grupo compartan valores, normas, hábitos, costumbres, expectativas, pero, sobre toda orientaciones similares y un mismo sentido de propósitos comunes. Cuando un grupo social comparte todos esos elementos se puede decir que está integrado. Cuando los ciudadanos y grupos sociales que conforman un país tienen esa característica se puede hablar de integración nacional. Esta integración se refiere a que sin tener los individuos o grupos que abandonar objetivos particulares de importancia —como es el mayor beneficio económico para los empresarios y un mejor nivel de vida para los obreros— puede haber una convergencia de esfuerzos hacia objetivos generales como son un mayor nivel de vida para todos, una mayor autonomía económica del país, y más participación de toda la población en las decisiones políticas. 

Es evidente nuestra carencia y necesidad de un mayor nivel de integración como país. Así, al contrastar países como Venezuela con naciones desarrolladas, el ciudadano preocupado intuye y el especialista en ciencias sociales constata, que la carencia de integración social —en el sentido de compartir orientaciones similares en cuanto a objetivos y la manera de manejar un país— representa una de las grandes desventajas de los países subdesarrollados. De diversas maneras, con frecuencia se nos argumenta que, sin compartir orientaciones básicas en cuanto al dónde vamos y cómo hemos de llegar allí, es difícil tomar decisiones colectivas e implementarlas, y, por tanto, avanzar en la tarea del desarrollo. 

La integración de un país como Venezuela se hace particularmente difícil y urgente cuando ese país tiene niveles de desempeño mucho más bajos que los de otros países con los cuales se relaciona, cuando tiene importantes sectores que están lejos de poder satisfacer sus necesidades básicas, cuando su población tiene un alto nivel de aspiraciones, cuando ha acumulado una experiencia de frustraciones y cuando enfrenta una alta incertidumbre acerca de lo que son sus objetivos nacionales (por ejemplo: ¿qué es ser un país más desarrollado?). A lo anterior habría que agregar la complejidad que se deriva de carecer de reglas de juego bien establecidas, aceptadas y seguidas por una mayoría al mismo tiempo que aumenta la dispersión del poder. Es decir, cuando hay grupos nuevos, tradicionalmente marginados de la toma de decisiones políticas, que ahora comienzan a expresar y representar mejor sus intereses, por tener un mayor nivel de organización para presionar a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones; tal es el caso de los gremios profesionales, los sindicatos de obreros y las asociaciones de vecinos. En este sentido, no deberían sorprendernos las crisis de representatividad por las que con cierta frecuencia pasan agrupaciones, tan disímiles en propósitos pero tan semejantes en cuanto a su manejo básico como la CTV, FEDECAMARAS, el Colegio de Ingenieros o los partidos políticos. 

En muchas sociedades, las normas, valores, y orientaciones generales de la población, que tienen que ver con asuntos fundamentales tales como la distribución de poder político y la organización del sistema económico, conforman una ideología compartida al menos por los grupos de influencia determinante en el manejo del país. Esa ideología funciona como cemento social que une a sectores importantes de la sociedad. 

La ideología abarca y ayuda a definir tanto a los objetivos que sirven de guía a la sociedad como a los instrumentos aceptables socialmente para alcanzarlos. De ella se deriva de manera directa o indirecta, implícita o explícita, lo que se quiere alcanzar y cómo alcanzarlo. Por otra parte, las ideologías aportan razones políticamente útiles para postergar la satisfacción de las aspiraciones sociales e individuales. Permiten exigir que los ciudadanos tengan paciencia. Al confiar en la ideología se confía en que, ahora o después, las necesidades de todos serán oportunamente atendidas. 

En Venezuela no ha existido un poderoso marco ideológico capaz de aglutinar esfuerzos, exigir sacrificios, postergar gratificaciones y dar un sentido de orientación al país o sus grupos dirigentes. En el último cuarto de siglo sólo hemos tenido un conjunto más o menos difuso de ideas que se refieren a que el país debe desarrollarse, que debe ser democrático v que debe haber igualdad social. Tal marco de ideas ha sido suficientemente claro como para buscar, por ejemplo, con gran constancia, el objetivo de la igualdad de oportunidades educacionales para todos los ciudadanos. Sin embargo, existen importantes áreas en que las acciones del Estado se han caracterizado por las frecuentes oscilaciones v contradicciones en orientaciones tan fundamentales, de obvias implicaciones ideológicas, como es la referida a la estatización o la privatización de ciertas funciones económicas o sociales. Así, después de una larga historia de participación directa del Estado, se decidió transferir el servicio de recolección de basura en el Distrito Federal, de un organismo público a empresas privadas vinculadas con firmas multinacionales. Pero más recientemente, el mismo ente público que propició y realizó tal transferencia ha comenzado a crecer y a involucrarse más y más en lo que se había "quitado de encima". Estos bandazos, entre políticas típicas de economías planificadas centralmente y políticas propias de países con economías de mercado, son frecuentes en Venezuela. Poca coherencia ideológica ha habido en los grupos dirigentes, entre otras razones, quizás, porque todas las ideologías disponibles presentan deficiencias importantes a la hora de ser utilizadas en países como el nuestro. 

Pero a pesar de la carencia de un alto nivel de integración social, de haber carecido de marcos ideológicos poderosos, de haber desatado las aspiraciones de toda la población, de haber generado enormes frustraciones, hemos avanzado. Y lo hemos hecho con una significativa estabilidad política, en un sistema en el cual a sectores importantes les ha sido posible expresar las más variadas exigencias. ¿Cómo hemos podido hacer que el país avanzara en estas condiciones? ¿Cuál ha sido la manera venezolana de gerenciar tan diversas fuentes potenciales de turbulencia social y política? A responder estas dos preguntas se orienta gran parte de este capítulo.

 EL LINEAMIENTO ESTRATÉGICO BÁSICO: HAY PA' TODO 

¿Cuántos de los sectores y actividades tratados en este libro no han sido prioridad del Estado venezolano? Ninguno. De hecho, en ninguno de los capítulos su autor identifica la escasez de recursos o la falta de atención por parte del Estado como un factor digno de ser incluido en la explicación de la evolución y la situación actual del sector o actividad que analiza. Antes bien, algunos identifican el exceso de recursos como una fuente de problemas. Un extremo muy ilustrativo de esto se presenta en el capítulo dedicado a la agricultura donde se hace ver cómo el desarrollo del sector no ha sufrido por la escasez de recursos asignados a ese propósito, sino más bien porque el exceso de recursos y el énfasis asignado a oíros sectores —industria y petróleo, por ejemplo— ha afectado negativamente la situación de la agricultura y la ganadería. Es importante notar que no se trata de un proceso de redistribución, donde sistemáticamente se le negaron recursos adicionales o —peor aún— se le quitaron recursos anteriormente asignados a la agricultura para dedicárselos a la industria. Antes bien, a juicio del autor del capítulo, se le dedicaron demasiados recursos a otros sectores, limitando así el desarrollo agrícola y pecuario. De igual manera, —muchos de los problemas de la educación venezolana son atribuidos por los autores de ese capítulo al hecho de que el sector contó con los recursos que le permitieron crecer a una tasa tan acelerada que se hizo casi inevitable que su estructura, su eficiencia y la calidad de sus servicios sufriesen graves deterioros. 

De los capítulos se obtiene la visión de que, directa o indirectamente, el Estado venezolano ha promovido al sector público y al privado, a la industria y al comercio importador, a la construcción y a la agricultura, a las empresas del Estado y a los grupos económicos privados, a la salud y a las fuerzas armadas, a la educación y a la industrialización, a la fácil importación de maquinaria, equipo y tecnología y al desarrollo tecnológico nacional, a las viviendas sociales y a los grandes centros comerciales, a las agrupaciones sindicales y a las empresariales, a la integración con el Caribe y al Pacto Andino, a la provincia y a los grandes centros urbanos, a la gran industria y a la pequeña y mediana industria, a las universidades y a la educación técnica, al endeudamiento externo del país y a la ayuda financiera a países vecinos, etc., etc. 

Resulta obvio que lo que el Estado venezolano y los venezolanos en general no hemos hecho muy bien, es darle orden a nuestras prioridades o, dicho en lenguaje de gerentes, jerarquizar nuestros objetivos y metas. Esto, por supuesto, no quiere decir que en Venezuela no hayamos tenido objetivos más importantes que otros. La democracia, la industrialización y la igualdad social han sido desde 1958 tres objetivos permanentes y muy influyentes en la definición de casi todas las acciones políticas, económicas y sociales del Estado venezolano. Aparte de estos tres propósitos muy generales, no ha habido mayor necesidad de aclarar con precisión cuáles metas concretas son más importantes que otras ni hacia dónde se deben inclinar los esfuerzos, a pesar de que, con frecuencia, el avance para alcanzar uno de los objetivos se debe hacer a expensas de otro. Casi siempre los tímidos esfuerzos por definir prioridades con precisión han tenido resultados muy perecederos y volátiles. 

LA PREMISA BÁSICA: TODO ES POSIBLE 

Al revisar las acciones más concretas que conforman el pasado reciente del país, se puede detectar que progresivamente se fue arraigando un estilo según el cual casi todo lo imaginable es posible. 

No hay objetivo por más extravagante, difícil, exótico, costoso, ambicioso, contradictorio o hasta imposible que no se pueda intentar. Claro está, ha habido períodos en los cuales este estilo ha sido más pronunciado y sectores donde ha tenido más arraigo que en otros. Pero no es exagerado decir que la sobrevaloración de la audacia y la premisa de que el único requisito para el logro de un objetivo es tener la voluntad de lograrlo, han pasado a ser rasgos colectivos de la mayoría de los grupos y personas con influencia dentro de la sociedad venezolana. De esto hay ejemplos en todos los órdenes de la vida nacional. Quizás el sector público es el mayor exponente de este fenómeno aunque es justo notar que también en la empresa privada, los partidos políticos (incluyendo a los de izquierda), los sindicatos, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, las universidades y otros centros culturales se encuentran evidencias de este estilo. 

Objetivos con estas características, por ejemplo, han sido o son el desarrollo de la inteligencia; de la industria aeronáutica y de la naviera; la construcción de un túnel submarino con algunas secciones transparentes para unir a la isla de Margarita con tierra firme (proyecto que fue sustituido por uno menos atrevido basado en la construcción de un largo puente); la transformación de Venezuela en líder de los países del "tercer mundo"; la edificación de una gallera "monumental"; la adopción de un plan para aumentar la capacidad productiva de SIDOR cuatro veces en sólo cinco años; la instalación de una nueva siderúrgica en el Zulia (en momentos en que el exceso de plantas ya instaladas es un grave problema de la industria de la siderurgia mundial); la expatriación masiva e instantánea de adolescentes de los más apartados rincones del país a universidades de Norteamérica y Europa a través del Programa de Becas Ayacucho; la adopción de los más recientes, complejos y costosos armamentos por parte de las Fuerzas Armadas; la importación de masas de obreros y técnicos de otros países para disminuir el tiempo de construcción de monumentales obras del Estado; el aumento del número de estudiantes de educación superior en más de 10 veces en menos de 20 años; la construcción de una gigantesca catedral en Ciudad Guayana y de una igualmente gigantesca "Virgen de la Paz" en exóticos parajes de la provincia venezolana. El mismo nivel de audacia está presente en iniciativas del sector privado cuando se plantea y, en algunos casos lleva a cabo, desarrollos de miles de viviendas en regiones donde la estructura poblacional no justificaría tales desarrollos o donde las condiciones socioeconómicas imposibilitan su venta; en proyectos donde se diseñan plantas industriales con requisitos tecnológicos y de recursos humanos que a veces exceden a los que se encuentran en los países industrializados; o cuando se monta un "safari africano", el cual requiere de abundante agua para los animales, en una isla donde a través de los años la escasez de agua ha sido la norma. 

Para alcanzar algunos de esos objetivos se utilizaron magnitudes fabulosas de recursos, mientras que para otros no se contó con los medios suficientes para desarrollarlos más allá de los ya costosos proyectos y estudios de factibilidad. 

Destaquemos, sin embargo, que, para efectos de nuestra discusión, lo importante no es el grado de realización alcanzado por estos proyectos, su viabilidad o su validez  Queremos enfatizar que esos objetivos y muchos otros caracterizados también por la audacia, la gran magnitud, la complejidad, la opulencia y el desprecio por la consideración de su viabilidad, como si el dinero y el poder fueran suficientes, han sido de hecho planteados, “estudiados” e incluidos en la agenda de actividades y preocupaciones del país. 

También es importante notar que si bien los objetivos que utilizamos como ejemplos son visibles y conocidos por su magnitud, su extravagancia o por las polémicas a las cuales han estado asociados, el mismo enfoque que ha guiado su formulación y ejecución influye en el planteamiento de objetivos menos vistosos, grandes o conocidos, pero igualmente importantes para el funcionamiento del país. No hay mucha diferencia, por ejemplo, entre el enfoque utilizado para decidir la construcción de decenas de enormes bloques de apartamentos para las clases populares de Caricuao —zona donde existe una sola vía de acceso— y la decisión de “apoyar”, a través de las más modernas computadoras, los procesos administrativos de una organización (pública o privada) cuyo diseño, funcionamiento y métodos generales de trabajo están basados en los más desordenados y arcaicos esquemas que, al combinarse con la computación —tecnología que exige una particular manera de organizarse y de funcionar— tienden a disminuir la eficiencia de la organización en vez de aumentarla. 

Podemos decir que, al plantear soluciones en la forma de políticas, planes, programas o proposiciones, en Venezuela tendemos a ser voluntaristas. Es decir, profundos creyentes en la máxima "querer es poder". Tanto para los grandes problemas del país como para los pequeños, las soluciones que se plantean, si bien contrastan en su formulación y en su lenguaje, casi siempre están influidas por esa creencia mágica en el poder transformador de la buena intención y del esfuerzo del hombre. 

El voluntarismo es compartido tanto por los dirigentes como por el hombre común. No es raro, por ejemplo, que algunos académicos o empresarios de gran éxito deseen ocupar un alto cargo público, convencidos, honestamente, de que ellos pueden manejar más eficazmente los asuntos del Estado. De igual manera, el ciudadano común está completamente seguro de que los problemas del país no se resuelven porque sus gobernantes no quieren o no han intentado resolverlos de verdad verdad. 

Paradójicamente, en este sentido no hay mucha diferencia entre las creencias y las suposiciones en que se basa el alto ejecutivo del sector privado cuando piensa que él podría solucionar muchos de los problemas del país si le dejaran las decisiones a él y a un grupo de ejecutivos como él y las que hace el dirigente de la ultraizquierda cuando se plantea que la solución consiste en una revolución que le permita a él y a sus camaradas manejar el país. En ambos casos, el voluntarismo juega un papel fundamental. 

Este estilo en el planteamiento de objetivos y en el tipo de acciones que se toman para intentar lograrlos ha generado, entre otros patrones, una visión muy particular acerca de cómo se alcanzan las metas que se proponen. A esta visión —que comparten por igual políticos y empresarios, generales y obispos, sindicalistas y rectores universitarios— la denominamos la ilusión del edificio. Esta ilusión —que a su vez está muy relacionada con la ilusión de que no hay objetivo importante que no sea posible— consiste en tener un enfoque que distorsiona la importancia de los requisitos necesarios para el logro de las metas planteadas. La ilusión del edificio ha tenido el efecto que tendría una especie de lente que afecta el criterio de los promotores de ideas en el país, al invertir la imagen donde están listadas en orden de importancia las condiciones que se deben cumplir para que una idea, un proyecto o un negocio tenga éxito. 

Más concretamente, la ilusión del edificio consiste en creer que lo más difícil y, por lo tanto, lo más digno de atención y de esfuerzos es la definición del objetivo, el apoyo político o financiero para tratar de lograrlo y, desde luego, la asignación de un edificio y una organización para que el objetivo tenga “casa”. A su vez, el que un objetivo, o un proyecto, tenga “casa” y una organización encargada de él le confiere cierto grado de visibilidad y, en consecuencia, importancia. Utilizando una caricatura extrema, pero ilustrativa, podríamos decir, que, de acuerdo con esta ilusión, tener el edificio de la organización que se ha de ocupar de alcanzar el objetivo es casi equivalente, de hecho, a haberlo alcanzado. Esta ilusión genera un estilo indudablemente muy reforzado por la circunstancia de que, como lo demuestra el pasado reciente del país, una vez que se crea una organización pública o una empresa privada es relativamente difícil que desaparezca, independientemente de si cumple o no con las condiciones que, en un clima de mayor estrechez, harían imposible su sobrevivencia. 

Este estilo —para el cual lo importante es la definición del objetivo y la obtención del apoyo de un grupo de políticos o de empresarios— hace que cualquier consideración adicional adquiera demasiado fácilmente el calificativo de "detalle técnico", o "carpintería", que será arreglado "sobre la marcha'". Ello ha hecho que con frecuencia se descubra, después que se tiene "el edificio", que la tecnología instalada requiere insumes distintos a los que hay en el país o que sus costos son mayores que los que se creía (y que nunca se verificó previamente); que el mercado al cual van dirigidos los esfuerzos de la nueva organización en realidad es mucho menos atractivo que lo que se estimó; que el dinero necesario para funcionar es mayor que lo que en realidad se dispone; que el tipo de personal necesario no existe en el país; que el grupo marginal al cual se van a orientarlos servicios del nuevo "edificio"' en verdad no está interesado en dichos servicios y tiene otras necesidades más urgentes; o, lo que también sucede, se descubre que desde hace años ya existe otro "edificio" encargado de ese mismo objetivo... 

MUCHAS ORGANIZACIONES, POCA ORGANIZACIÓN 

La abundancia de objetivos, tenuemente jerarquizados, de recursos y de audacia son tres rasgos que hemos destacado hasta aquí. Pero hay más. La combinación de la multiplicidad de objetivos con la disponibilidad de recursos y el ambicioso estilo que acabamos de discutir tiene dos consecuencias fácilmente apreciables en los distintos capítulos: la proliferación de organizaciones y el desorden. 

La tendencia parece haber sido la de crear una organización diferente para cada uno de los objetivos que han captado la atención del Estado. En vista de que captar la atención del Estado no ha sido muy difícil, que lograr que se asignen recursos a casi cualquier tema u objetivo tampoco lo ha sido, y que el instrumento preferido para tratar de alcanzar los objetivos planteados ha sido la creación de una nueva organización, no es de extrañar, entonces, que en el país haya habido una especie de "explosión demográfica" de organizaciones. Por razones que discutimos más abajo, tampoco es de extrañar que, con cierta frecuencia, haya más de un organismo dedicado al mismo objetivo genérico. En algunos casos se crean oficinas especiales o divisiones adicionales dentro de las organizaciones existentes (Hannot y Cova). En otros casos se crean ministerios, institutos autónomos, fundaciones y empresas del Estado (Kelly de Escobar). Recordemos algunos ejemplos más concretos de esto. 

El capítulo de Josko de Guerón describe la descoordinada injerencia de múltiples ministerios, organismos y empresas públicas en la conducción de la política exterior venezolana. 

Avalos muestra que la ciencia y la tecnología tienen un ministro, varios institutos autónomos, algunas fundaciones y diversas divisiones ministeriales que se “encargan” de ellas. Yépez Daza discute cómo la proliferación de centros de decisión sobre aspectos pertinentes a la seguridad nacional y a las Fuerzas Armadas venezolanas, aunado a cierta indefinición del marco legal relevante, traba y hace más compleja la formulación de políticas en esta área. Hung y Piñango señalan cómo, al pensar sobre la educación en Venezuela, es ingenuo incluir solamente las actividades del Ministerio de Educación ya que las actividades del INCE, la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, el CONICIT, la Oficina del Ministro de Estado para el Desarrollo de la Inteligencia que existió durante el gobierno de Herrera Campíns y hasta el Metro de Caracas tienen o tuvieron una función educativa nada despreciable. Algo similar sucede con el sector del petróleo y la energía donde, de acuerdo con Coronel, la multiplicidad de organizaciones con la responsabilidad de formular políticas y la deficiente integración entre las mismas es una realidad. Galli y García explican que el desempeño del sector salud depende de la actuación de 80 organismos públicos diferentes cuya coordinación califican de deficiente, mientras que Fossi afirma que muchos de los problemas urbanos del país se han exacerbado debido a la proliferación de organismos con posibilidades de decisión sobre la materia. Esta multiplicación de organizaciones con injerencia en un mismo tema y la baja coordinación entre ellas es un fenómeno tan extendido que hasta en el capítulo destinado a discutir el ambiente y los recursos naturales de Venezuela, Cunill hace referencia a la proliferación de instituciones y los esfuerzos simultáneos que las mismas llevan a cabo.   

En vista de la abundancia de recursos y de objetivos y la falta de claridad sobre qué es lo más importante y qué hay que hacer primero, no debería sorprendernos que el sector público haya sido el principal responsable de la incontrolada proliferación de organizaciones. Sí sería sorprendente, en cambio, que este mal hubiese aquejado exclusivamente al sector público. De hecho no fue así. Como se desprende del capítulo de Naím, el sector privado también exhibió una marcada preferencia a crecer mediante la creación de nuevas y diferentes organizaciones. Si bien la diversificación de actividades es casi una norma en el crecimiento de los negocios, Naím sostiene que en Venezuela dicha diversificación posiblemente tendió a rebasar las fronteras de la capacidad financiera y gerencia! de las empresas que adoptaron ese rumbo. Más aún, la propensión a la proliferación de organizaciones del sector privado no sólo se refleja en la actividad mercantil propiamente dicha. Las actividades gremiales y de representación institucional del sector privado también evidencian una fragmentación y una multiplicidad de federaciones, consejos sectoriales, cámaras, asociaciones y otros organismos cuya falta de coordinación y grado de discrepancia en sus posiciones a veces no se diferencia mucho de la descoordinación y las divergencias que se dan entre organismos del sector público. 

En resumen, entonces, la insuficiente o inexistente jerarquización de prioridades nacionales y la proliferación de organizaciones actuando en forma poco concertada parecerían ser, junto con el crecimiento y la abundancia, algunas de las características básicas de los 25 años de la Venezuela democrática. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿Es suficiente hacer referencia a la abundancia de recursos para explicar la crónica falta de una mayor especificación de cuáles son las prioridades del país? ¿Es el exceso de dinero explicación suficiente de la abrumadora proliferación de organizaciones, a veces con áreas de injerencia muy similares entre sí? Creemos que no. 

EL ESLABÓN PERDIDO EN LA EVOLUCIÓN VENEZOLANA RECIENTE: EL CONFLICTO ABIERTO 

Con la excepción de breves insurrecciones iniciales (el Carupanazo, el Porteñazo, etc.) y del período en que la izquierda venezolana escogió el camino de la violencia armada como ruta hacia el poder político, las primeras décadas de la democracia venezolana presentan una sorprendente ausencia de conflictos abiertos permanentes. Aún durante los años cuando el conflicto guerrillero alcanzó su mayor intensidad, el sector mayoritario de la sociedad venezolana que no estuvo directamente involucrado en dichos eventos exhibió una paz social y política digna de la envidia de cualquier país no industrializado, incluyendo aquellos que no tenían que lidiar con una insurrección armada en su seno. En realidad, el conflicto abierto tampoco aparece como un factor de significación en la dinámica reciente de la sociedad venezolana. Lo que aparece en algunos de los capítulos es la sorprendente constatación de que procesos, acciones o situaciones cuyo carácter es netamente conflictivo o que en otros países usualmente implicaron importantes traumas, en Venezuela se han producido sin mayores secuelas de turbulencia social y conflicto abierto. 

Quizás el ejemplo más general de esta ausencia de trauma conflictivo se refiere al proceso de urbanización, el cual, de acuerdo con Baptista, aquí se llevó a cabo con un sufrimiento social mínimo si se compara con la experiencia histórica de otros países. Otro ejemplo es la nacionalización de las principales industrias básicas en Venezuela, la cual es frecuentemente señalada por los analistas internacionales como una importante excepción a la regla general según la cual las nacionalizaciones son eventos muy traumáticos que tienden a ir asociados con severas rupturas económicas y políticas, además de conflictos internacionales y dificultades administrativas. En Venezuela tampoco han escalado a los niveles típicos de otros países los conflictos y tensiones que tienden a producirse entre el sector industrial y el comercial, entre los grandes intereses agrícolas y las agrupaciones campesinas o entre distintos grupos religiosos, étnicos o regionales. Inclusive el proceso de eliminación de la insurgencia armada y la subversión, que en otros países ha costado decenas de miles de muertos y desaparecidos, en Venezuela se llevó a cabo de manera mucho menos traumática a través de lo que se denominó “la pacificación”. Las Fuerzas Armadas venezolanas, por su parte, han respetado fielmente el rol que les asigna la Constitución Nacional, sirviendo como garantes del sistema democrático. 

El dato más relevante en este sentido es, posiblemente, la casi ininterrumpida paz laboral que ha prevalecido en Venezuela en los últimos años. Como lo señala Febres en su capítulo, el conflicto laboral expresado en huelgas y paros ha sido muy reducido en comparación con otros países donde existe el derecho a la huelga y un sector sindical activo y políticamente influyente, como es el caso de Venezuela. 

¿Cómo se explica todo esto? ¿Por qué mientras que en otros países los procesos de  modernización, urbanización, sindicalización, insurrección, pacificación,  nacionalización y reforma  agraria están asociados a violentos conflictos en los cuales no es raro que la muerte y la destrucción alcancen niveles pavorosos, en la Venezuela reciente ello no ha sucedido así, a pesar de que en el país se han vivido estos procesos con gran intensidad? abierto un eslabón perdido en la evolución de Venezuela desde 1958? En el caso venezolano, las explicaciones convencionales no proveen respuestas satisfactorias a este tipo de preguntas. Ya vimos, por ejemplo, que el consenso, expresado en una estrategia básica y más o menos sostenida de la cual se obtienen prioridades claras no es un rasgo del panorama de Venezuela ofrecido por los capítulos de este libro. Hemos notado que la estrategia básica de todos los gobiernos democráticos ha sido la de no atarse a ningún marco coherente de prioridades específicas. La práctica ha sido la de atender múltiples objetivos simultáneamente aun a costa de incurrir en el desorden, la ineficiencia y el desperdicio que ello implica. Muy probablemente esta ineficiencia ha sido el precio que hemos debido pagar para evitar que los conflictos naturales que aparecen en procesos de crecimiento como el que ha tenido Venezuela, no hayan alcanzado niveles mucho más violentos y abiertos. La sorprendente ausencia de niveles significativos del conflicto —situación típica de Venezuela desde 1958— está muy relacionada con el hecho de que el vacío de prioridades específicas y más permanentes ha sido llenado con la posibilidad de que cada grupo social plantee y siga las orientaciones que más convienen a sus intereses. Por largos años se ha vivido una situación en la que el clima predominante ha sido hay Pa’ todo porque hay pa’ todos. 

Obsérvese, sin embargo, que tal como lo indican los datos de distribución del ingreso presentados por Baptista, en términos relativos, ha habido mucho más para algunos que para otros. La misma conclusión se deriva de lo que ha pasado con la vivienda, la salud y la educación. Pero lo crucial ha sido que nos hemos convencido como país de que todos tienen una oportunidad. Es asunto de tener un poco de suerte, paciencia y hacer un pequeño esfuerzo. Al menos esa ha sido la visión predominante en el sector de la población que desde los estratos sociales bajos y medios iniciaron un proceso de ascenso social, y pudieron lograr algo: comprar ropa en Margarita, ir a Curazao, tener televisor y betamax, hacer que los hijos concluyeran la primaria, el bachillerato y hasta algunos —muchos, en comparación con otras épocas— la universidad. 

El “efecto túnel” —esa ilusión de que “si otros avanzan, a mí también me llegará la hora de avanzar”— se creó con gran efectividad, y facilidad. Tres ingredientes se combinaron para generarlos: los inmensos recursos petroleros, la larga y arraigada tradición de dádivas paternalistas, y el crecimiento económico de algunos grupos socialmente privilegiados que fueron capaces de aprovechar la bonanza. Con lo primero logramos triplicar el presupuesto de un año para otro —entre 1973 y 1974—; lo segundo respaldó el reparto de los recursos del Estado a grupos muy diversos sin pedir nada a cambio; y lo tercero permitió que el crecimiento del aparato económico “salpicara hacia abajo”. Con esto último se generó en diversos grupos distribuidos a lo largo y ancho del país el progreso material suficiente para que sirvieran de “vitrina” o “muestra” de lo que podían alcanzar los que no tienen, moderando así la frustración e impaciencia de éstos.

En tal situación, no es sorprendente que haya habido relativamente poca competencia abierta y permanente entre los grupos que trataban de alcanzar objetivos diferentes. Esa competencia ha tendido a reducirse a ciertos privilegiados que tratan de obtener un jugoso crédito de un banco estatal, un contrato importante, una licencia de importación, el alza de un arancel para un determinado producto o el lucrativo nombramiento dentro de un sindicato, una empresa pública o un concejo municipal. No mucho más. Unos obtuvieron altos dividendos y el resto de la población no tanto, pero gran parte quedó convencida que su turno llegaría. 

En otros países las cosas han sido diferentes. Lo usual es que muchos de los objetivos, sectores y actividades —que, como ya señalamos, en el caso de Venezuela el Estado ha promovido simultáneamente— son representados por grupos antagónicos en permanente tensión que suelen entrar en conflicto. Industriales y comerciantes, terratenientes y campesinos, políticos y militares, grupos privados y empresas del Estado, sindicatos y empresarios, urbanizadores e inquilinos, tecnócratas y políticos así como los representantes de regiones en pugna, intereses encontrados o ideologías distintas son los actores de conflictos recurrentes de los cuales, como ya dijimos, ningún país en desarrollo se ha podido salvar, A la luz de esta observación aparece el inmenso valor político que ha tenido para Venezuela la estrategia de atender todas las necesidades que fuesen planteadas por grupos influyentes. 

No hay duda de que los conflictos que aparecen casi inevitablemente en sociedades que atraviesan por los mismos procesos de crecimiento y modernización, por los que ha pasado Venezuela, también existen aquí. Esos conflictos no han adquirido mayor intensidad en Venezuela por la posibilidad que ha tenido el Estado de utilizar los recursos petroleros para disminuir las tensiones sociales. Esta política ha sido posible no sólo porque el Estado ha contado con el dinero para ello sino también debido a que, desde 1958, ha existido ininterrumpidamente la voluntad política de dedicar los recursos a esos fines en vez de otros. De hecho, el Estado venezolano ha evidenciado como ya señalamos, un enorme apego a la democracia como régimen y al igualitarismo y la diversificación de la economía como objetivos básicos Ha sido casi un imperativo utilizar los recursos petroleros para amortiguar las amenazas al sistema democrático, ampliar las oportunidades para toda la sociedad, y fortalecer la economía, intentando “sembrar el petróleo”. 

Desde esta perspectiva, la sorprendente proliferación de objetivos y organizaciones públicas y privadas que se ha dado en Venezuela aparece más como el resultado de los intentos de una sociedad con recursos que busca evitar, a como dé lugar, conflictos y tensiones que como el simple producto de la negligencia, la incompetencia, el desorden o la corrupción. Es más fácil evitar conflictos dentro del sector educativo, si en vez de reorganizar al Ministerio de Educación para administrar con imparcialidad la asignación de becas, se crea una fundación especial (Gran Mariscal de Ayacucho) para que, independientemente, desarrolle un programa de becas. Es menos conflictivo tener un Ministerio para la Ciencia y la Tecnología, un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, una Superintendencia de Inversiones Extranjeras con una división que se ocupa de la tecnología (distinta a la división con el mismo nombre del Ministerio de Fomento), un Fondo para la Innovación Tecnológica y varias otras instituciones por el estilo, que hacer que las múltiples corrientes e intereses dentro del sector de científicos y planificadores tecnológicos tengan que ser dirimidas y canalizadas dentro de una misma organización (y por lo tanto dentro de una única definición de objetivos y presupuestos). Crea menos tensiones políticas inmediatas aprobar la construcción de una nueva planta siderúrgica, de dudosa viabilidad financiera, en el Estado Zulia que provocar las reacciones explosivas que surgen de la mezcla de pasiones regionalistas e intereses económicos particulares. 

El conflicto es menos abierto si, por un lado, se mantienen niveles muy elevados de impuestos aduanales, cuyo propósito es impedir la importación de productos que compiten con la industria nacional, y, por el otro, cada cierto tiempo, se hacen exoneraciones en el pago de dichos impuestos y se otorgan licencias especiales de importación a los comerciantes importadores. De esta manera se evita tener que adoptar la otra alternativa lógica que, si bien es más eficiente, ciertamente genera más conflictos ya que supone definir específicamente cuáles sectores industriales serán realmente protegidos (lo que implicaría enfrentamientos abiertos con los importadores ya establecidos en ese sector) y cuáles no tendrán esa protección (lo que, en cambio, llevaría a tener serios conflictos con los productores locales afectados). Con la política generalmente adoptada en Venezuela, se oscila entre perjudicar y beneficiar alternativamente y de manera más tácita y solapada a los dos grupos reduciendo, o al menos posponiendo, la confrontación abierta y definitiva con alguno de los sectores. 

En fin, hasta ahora ha resultado políticamente imprescindible y económicamente posible crear nuevos organismos y formular políticas públicas, para atender intereses especiales y hasta facetas muy concretas de estos intereses antes que entablar negociación con quienes los representan, dentro de un marco unificado de acciones y organizaciones que responda a cierta definición previa de cuáles intereses y objetivos serán atendidos y cuáles, en cambio, serán excluidos o postergados. 

A cada objetivo una organización. A cada corriente o punto de vista acerca de cómo alcanzar ese objetivo, otra organización (siempre y cuando, por supuesto, los grupos que representan las corrientes disidentes tengan el potencial de generar conflictos de cierta intensidad). 

Esta preocupación, casi obsesiva, por evitar que los conflictos escalen —que resuelve las tensiones asignándole a cada una de las partes involucradas los recursos y las posibilidades para que se organicen y promuevan sus intereses y visiones— no es exclusiva del sector público integrado por ministerios, institutos autónomos, empresas del Estado, etc. La misma búsqueda de paz a cualquier costo puede explicar muchas de las conductas de organizaciones como las Fuerzas Armadas, las empresas privadas, las fundaciones, los sindicatos y las universidades. No hay mucha diferencia, por ejemplo, entre la decisión de un alto funcionario gubernamental, universitario o militar de crear una nueva organización o un nuevo proyecto con el fin de asignárselo a una persona o grupo influyente, cuyas necesidades de posición social, ingreso y poder es necesario satisfacer, y la decisión de un alto ejecutivo del sector privado de fundar una nueva empresa a través de la cual un accionista, familiar o gerente influyente pueda canalizar sus energías y necesidades. Obviamente, en el sector privado este fenómeno es más limitado debido a que la nueva empresa debe tener un mínimo de posibilidades de sobrevivir sin causar demasiadas pérdidas, restricción que opera con menor intensidad en el sector público. 

De nuestro análisis podemos concluir, entonces, que parte importante de la situación actual de Venezuela, su trayectoria reciente y hasta el comportamiento específico de muchos de los actores e instituciones más influyentes pueden ser mejor entendidos si se toman en cuenta los efectos que resultan de la combinación de un Estado con enormes recursos financieros y una aversión extrema al conflicto abierto. La riqueza del Estado y su obcecada y permanente resistencia a permitir que los conflictos naturales que existen en toda sociedad en transición lleguen a tener una expresión concreta y abierta constituyen, a nuestro juicio, un elemento indispensable para entender y analizar la Venezuela democrática. Desde esta perspectiva, fenómenos como la ilusión de que todo es posible, la ilusión del edificio, la proliferación de organizaciones, la confusión de sus fines y, por supuesto, la tácita adopción durante un cuarto de siglo de una estrategia de acuerdo con la cual pareciera que casi ninguna actividad, sector, región o tema no fuese prioritario, adquieren un significado mucho más enraizado en la historia y la dinámica de una sociedad joven, rica y confundida que busca madurar sin sufrir los traumas asociados con dicha maduración. 

La exacerbada alergia del Estado democrático venezolano a la confrontación abierta entre actores sociales influyentes y la peculiar manera utilizada para manejar los conflictos cuando surgen puede tener varias causas. Una puede ser que en la memoria colectiva de los venezolanos, y en particular en la de las clases dirigentes, han quedado muy marcadas las tragedias y el dolor de una larga y turbulenta historia política en la cual la violencia y el conflicto abierto fueron la norma. De allí, el firme propósito de evitar cualquier situación que pueda escalar y transformarse en un conflicto abierto, o peor aún, violento. Otra causa puede ser la profunda conciencia de la vulnerabilidad que presenta, ante el conflicto y la insatisfacción, un sistema de libertades democráticas en un país que históricamente no las había tenido. Por otra parte, esta conciencia de la fragilidad de una democracia joven ante las pugnas abiertas entre distintos grupos sociales se ha visto más que reforzada por las graves insuficiencias que en Venezuela presentan los mecanismos formales de resolución de conflictos a los que usualmente recurren los países con sistemas democráticos más evolucionados. Entre esos mecanismos podemos señalar una amplia variedad. 

El referéndum y la consulta popular organizada sobre temas que afectan al país o a la comunidad; un sistema de formulación de políticas públicas que estudia e incluye, de manera sistemática y tan objetiva como sea posible, los intereses de las mayorías; un Congreso y concejos municipales con un mínimo de eficiencia, dinámicos y capaces de actuar con relativa independencia de las presiones de intereses específicos; la existencia de organismos de apelación en cuya imparcialidad se tiene un mínimo de confianza; un sistema judicial objetivo, confiable y poco engorroso en su funcionamiento y sobre todo fuerte ante las presiones particulares de grupos y personas específicas; medios de comunicación social pluralistas que, además de tener la posibilidad de representar de forma independiente los intereses de la comunidad, son capaces de difundir los argumentos y las motivaciones de individuos y grupos con posiciones diferentes, de manera suficientemente objetiva como para que puedan ser tomados en consideración en la discusión pública; oficinas de protección al consumidor y organizaciones privadas que defienden los intereses de éste. 

Muchos de tales mecanismos aún no son viables en Venezuela, o su funcionamiento se ve muy trabado por una infinidad de causas: la carencia de información básica, la desconfianza en el sistema judicial por su posible parcialización, la ligereza y descarada partidización de las decisiones del Congreso, lo poco representativo de los concejos municipales y la falta de independencia de muchos medios de comunicación social, entre otras. Ante esta realidad, no cabe duda que la premisa de que es necesario evitar la manifestación abierta de conflictos y atenuar, a como dé lugar, los motivos que llevarían a la aparición de un conflicto más permanente con cualquier actor social influyente, responde a una innegable racionalidad. 

Resulta evidente que las "válvulas de seguridad" institucionales —que en otros países sirven para aliviar las tensiones provocadas por conflictos importantes entre sectores, y mantenerlos dentro de márgenes aceptables de efervescencia social— en Venezuela aún no son muy confiables. 

Evitar conflictos a toda costa ha sido la consigna. El dinero lo ha permitido, y la desconfianza en los mecanismos que podrían haber servido para manejar los conflictos sin el riesgo de que se desborden y causen daños mayores a la democracia, lo ha justificado. 

ALGUNOS FRUTOS DE LA AVERSIÓN AL CONFLICTO: MUCHOS CORRUPTOS, POCOS LÍDERES 

La búsqueda casi obsesiva de la armonía social y política ha servido para que el país haya llevado a cabo las grandes e importantes transformaciones que se lograron en un lapso realmente breve y en un clima democrático y básicamente desprovisto de los conflictos que en otros países usualmente han paralizado los procesos de cambio. 

Sin embargo, ya hemos visto cómo el predominio de este enfoque en la conducción del país a todos los niveles también ha tenido importantes consecuencias negativas. A perniciosos fenómenos tales como la ausencia de prioridades y la multiplicación casi infinita de organizaciones, debemos añadir otros dos, particularmente dolorosos y graves para el país: la escalada de la corrupción y la falta de liderazgo. 

A nuestro juicio ambos son consecuencia de la misma combinación de aversión al conflicto y abundancia que nos ha servido para mucho pero que, también, nos ha impuesto severas limitaciones. 

Ningún país puede jactarse de que en sus organizaciones y en sus procesos de toma de decisiones no existe cierta dosis de corrupción. Hacer comparaciones objetivas para establecer si en un país la corrupción es más intensa que en otro es imposible. Por ello se hace casi irrelevante discutir si en Venezuela la corrupción es mayor o menor que en otras partes. Sin embargo, en Venezuela hemos desarrollado una clara conciencia de que la corrupción no sólo ha alcanzado una intensidad realmente preocupante sino que además ha penetrado en todas las esferas de la actividad del país. Las explicaciones de esta escalada de la corrupción son múltiples y complejas, girando usualmente alrededor del exceso de recursos, el desorden administrativo y la erosión de los valores morales que sufre una sociedad que experimenta acelerados procesos de cambio. Otras explicaciones más ingenuas asocian la corrupción con la democracia, partiendo de la suposición de que un régimen no democrático es menos propenso a tolerar altos niveles de corrupción. Tal suposición ha sido, una y otra vez, refutada por la experiencia histórica de los regímenes donde se suprimen las libertades democráticas. 

Una explicación que en Venezuela no ha sido tomada muy en cuenta, al analizar el auge de la corrupción y la impunidad usual en este tipo de delitos, es el rol que en estos procesos ha jugado la obcecada aversión al conflicto que, como hemos dicho, marca el comportamiento de la sociedad y las instituciones venezolanas en esta época. 

No hay dudas, por ejemplo, de que el desorden administrativo que caracteriza a muchas de nuestras organizaciones y a las decisiones que se toman dentro de ellas facilita la aparición y mantenimiento de niveles significativos de corrupción. A su vez este desorden administrativo tiene vínculos muy claros con la proliferación de organizaciones y la falta de lineamientos precisos, fenómenos que también están relacionados con la particular mezcla de riqueza y aversión al conflicto que se ha dado en Venezuela. Por su parte, la impunidad con que en el país se cometen actos de corrupción tiene mucho que ver, por un lado, con una estructura de organizaciones y procedimientos tan abrumadora y confusa que hace casi imposible discernir con la precisión necesaria si se ha cometido un hecho administrativo punible y, por el otro, con los problemas, riesgos y conflictos que estarían asociados a un vigoroso proceso de lucha contra la corrupción. 

En Venezuela no debe haber acciones políticas con mayor potencial de conflicto y con mayor riesgo de escalar, hasta desbordar la posibilidad de manejarlos dentro de las instituciones existentes, que aquellas destinadas a identificar y castigar severamente a las personas que estén involucradas en delitos de corrupción. Es probable que hasta que no se generen mecanismos institucionales que garanticen que el enjuiciamiento y la pena de altos personeros incursos en delitos de corrupción se lleven a cabo con la máxima objetividad posible y, lo que es más importante, que dicho proceso no escale hasta generar un nivel de confusión y turbulencia que ponga en peligro la estabilidad del sistema político, los intentos por contener la corrupción se verán muy trabados. 

Otro efecto, quizá mucho más indirecto y sutil, de la combinación del requisito de evitar conflictos con la abundancia de recursos y el ambiente básicamente benevolente que ha vivido Venezuela, es que todo ello ha limitado la aparición de nuevos líderes. 

Así, la confluencia de esos factores parece haber reducido las oportunidades de una eventual nueva generación de líderes capaces de confrontar y reemplazar a los grupos de dirigentes tradicionales que han venido controlando las instituciones fundamentales del país. 

El exceso de recursos y la falta de objetivos claros hizo que, salvo en raras excepciones, los dirigentes de partidos, empresas, sindicatos y gremios no tuviesen ante sí una tarea especialmente exigente. Gracias a la ambigüedad de los objetivos que fue característica de la época, era posible disfrazar los errores cometidos haciéndolos pasar inadvertidos o, en todo caso, y de nuevo gracias a los recursos siempre disponibles, casi cualquier error podía ser fácilmente "corregido". Estas condiciones ciertamente no constituyen un caldo de cultivo favorable para la aparición y el desarrollo de nuevos dirigentes. Es muy difícil confrontar con éxito el liderazgo de un dirigente establecido cuando en su desempeño los errores no son aparentes o, más aún, cuando dicha evaluación implica conflictos que todos prefieren evitar y para los cuales no existen procedimientos claros, normales y efectivos de resolución. 

Todo esto ha contribuido a que en Venezuela no sea muy frecuente que la influencia, el poder y la autoridad de un individuo dependan legítimamente de sus méritos. Esto se debe, fundamentalmente, a que está muy distorsionado el sistema de filtros y pruebas por las que deben atravesar quienes aspiran alcanzar las posiciones de más importancia. La aversión al conflicto hace que la confrontación abierta de un individuo con los errores que pueda haber cometido sea muy tenue e indirecta; y la abundancia de recursos ha hecho que esos filtros y pruebas no hayan sido muy severos o selectivos. 

A ello se une que el profundo arraigo del igualitarismo como objetivo social ha provocado que muchas veces las exigencias para un cargo de responsabilidad se suavicen para abrirle oportunidades a quienes no las habían tenido antes. Estos factores contribuyen a limitar las posibilidades de desarrollo de organizaciones verdaderamente meritocráticas, en el sentido de que para llegar a sus cargos directivos previamente haya sido necesario pasar con éxito por diferentes y cada vez mayores niveles de responsabilidad y dificultad. 

Por otra parte, si se toman en cuenta que una función fundamental del líder es la de señalar el camino y dirigir a sus seguidores a lo largo de dicho camino, motivándolos a enfrentar abiertamente y vencer los obstáculos que se puedan presentar, vemos que en las condiciones imperantes en la historia reciente de Venezuela, el cumplimiento de tales funciones no ha sido un requisito muy importante. Más bien, el líder que pretendiese definir un camino de manera precisa se hubiese encontrado con la fuerte oposición de los que objetan dicho camino y de la falta generalizada de disposición entre sus seguidores y aliados para dedicar grandes esfuerzos y recursos a participar en ese conflicto, ya que frecuentemente se ha podido contar con los recursos para buscar atajos e inventar caminos nuevos para evitar decir no y así evadir el conflicto. De esta manera, una característica que cada vez con más frecuencia parece signar la vida de nuestras organizaciones públicas y privadas, es la severa dificultad que experimentan para manejar los procesos de sucesión y reemplazo de los líderes que fallecen o se retiran. 

Ello se debe, en parte, a la escasez y el poco desarrollo de los líderes de relevo y en parte a la falta de criterios claros para el manejo de los procesos de sucesión y reemplazo de líderes. 

Las tendencias señaladas se han visto seriamente agravadas por la necesidad que un país con una población muy joven ha tenido de preparar a sus dirigentes en muy corto tiempo para llenar las nuevas posiciones que, de manera casi abrupta, se han creado con la expansión económica. No ha habido tiempo para preparar líderes a través de la experiencia, ni de seleccionarlos cuidadosamente. 

La ausencia de una preocupación por prepararse y anticipar los eventos futuros que es crónica en nuestras organizaciones, la insuficiencia en la preparación y experiencia de los cuadros de relevo, la falta de criterios y procedimientos organizativos claros y aceptados para manejar el proceso de sucesión, la debilidad de los mecanismos para ventilar los conflictos que inevitablemente tienden a producirse en estos procesos y la improvisación en la preparación de los dirigentes, hacen que todas nuestras organizaciones y, por lo tanto, el país como un todo, sean peligrosamente vulnerables ante la desaparición de sus líderes tradicionales. 

Sin embargo, a nuestro juicio, todos estos aspectos son sólo síntomas o expresiones concretas de la más importante, grave y poco aparente consecuencia que ha tenido para el país la combinación de recursos abundantes y la aversión al conflicto. La combinación de estos dos factores ha limitado fuertemente la posibilidad de que se desarrollen mecanismos idóneos para procesar y arbitrar, de una manera justa, ordenada y cívica, los conflictos que, como hemos señalado, inevitablemente surgen en cualquier sociedad en transición. 

¿Qué ha de pasar ahora cuando ha cambiado drásticamente la situación de abundancia? ¿Qué pasará en esta época de vacas flacas y gordas aspiraciones? ¿Seguirá operando tan eficazmente la aversión al conflicto como mecanismo de integración de la sociedad venezolana? 

ANTE EL ACOSO DE DILEMAS INELUDIBLES 

Recordemos cuáles han sido los lineamientos cruciales en el manejo del país. Ya señalamos que, en los últimos años, tuvimos como lineamiento crucial de las políticas públicas, y también de las privadas, que hay que atender todo al mismo tiempo para solucionar los problemas en el plazo más corto. Dijimos también que tal convencimiento se ha traducido en múltiples organizaciones, muchas de ellas con múltiples objetivos, y en una pérdida del sentido de las prioridades, de que es preciso decidir lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer aunque sea importante. Que nos ha dominado una aversión a decir no a alguien por lo que ello pueda generar. 

Es más, destacamos la creencia generalizada en que todo es posible, ignorando que en la realidad social y económica hay cosas que no se pueden hacer porque todavía no sabemos cómo hacerlas, aun cuando parezcan muy sencillas. Por ejemplo, multiplicar por 8 el número de estudiantes en la educación superior o por 10 el número de instituciones de este nivel educativo en una década, y, al mismo tiempo, elevar la calidad de la enseñanza y los niveles de aprendizaje; o promulgar una ley contra despidos injustificados y, al mismo tiempo, esperar que no haya ausentismo laboral los lunes y viernes y que aumente la productividad; o condonar la deuda agrícola y, al mismo tiempo, esperar mayor responsabilidad y eficiencia empresarial; o crear altos aranceles a la importación de ciertos bienes para proteger a la industria nacional de la competencia extranjera y, al mismo tiempo, querer contar con una industria nacional que pueda exportar compitiendo en los mercados internacionales; o controlar al máximo las actuaciones de todos los funcionarios públicos para que algunos no roben, y esperar tener un aparato administrativo altamente eficiente, flexible y ágil para responder a las complejas demandas del desarrollo nacional. 

En todos estos ejemplos estamos ante objetivos altamente deseables. No cuestionamos ninguno de ellos. Lo que se quiere destacar es que, como lo demuestran cada uno de esos ejemplos, se ha estado tratando de alcanzar, simultáneamente, objetivos muy deseables pero que compiten entre sí, en el sentido de que, casi siempre, alcanzar uno de ellos significa alejarse del otro. Así, puede que en la práctica sea muy difícil tratar de "profundizar" la nacionalización de la industria petrolera (que no se comporte más como si no fuera de aquí;) y, al mismo tiempo, evitar que se contamine de la politiquería, la improvisación y la falta de continuidad de nuestra administración pública. Cuando hay tal tensión entre objetivos sociales, estamos ante dilemas. El dilema, por naturaleza, no tiene solución. No puede ser resuelto optándose por uno u otro de los polos que lo integran. Ambos polos son igualmente deseables y no existe conocimiento alguno acerca de una alternativa capaz de hacer compatibles los objetivos irreconciliables. 

Aunque no nos hayamos percatado, en las últimas décadas hemos estado inmersos en muy serios dilemas. Hemos hecho gran énfasis en el igualitarismo (por ejemplo, todos los que terminan el bachillerato deben tener acceso a la universidad); en el fortalecimiento del Estado (entendiendo por esto un aparato administrativo público mucho más grande, cada vez con más organizaciones y que se inmiscuye en más cosas); y en un mayor control central de ese aparato administrativo, con más y más normas. Hemos comenzado a sentir, sin embargo, los males de la debilidad del ciudadano ante el Estado, la rigidez de los organismos públicos y el muy limitado apoyo que han recibido el talento y el esfuerzo excepcional. 

En época de vacas flacas, la presencia real de los dilemas sociales se nos hará más patente. Los polos de todo dilema reflejan necesidades básicas, reales o percibidas, de una sociedad en un momento dado. Con frecuencia, la atención de algunas de esas necesidades satisface los intereses de algún grupo en detrimento de los de otro, razón por la cual inevitablemente aparece algún tipo de tensión social. El grado y las consecuencias de tal tensión dependen, entre otros factores, de la orientación que se haya tomado hacia uno de los polos del dilema, del poder de los grupos enfrentados y de la eficacia de los mecanismos utilizables para resolver los conflictos relacionados con la escogencia de uno de los polos a expensas del otro. 

En Venezuela, los dilemas se han manejado de diversas maneras. En algunos casos, tratando de corregir directamente las consecuencias no deseables de haber escogido una opción. Este es el caso de los subsidios que el Estado otorga a los productores de algunos bienes considerados básicos y que dentro de nuestro sistema económico no están en capacidad de producir a un costo asequible para los sectores de bajos ingresos. El mismo caso sería el de programas como el "bono alimentario", o "cesta familiar"; programas pensados para atender las necesidades alimenticias de sectores de la población que las políticas sociales y económicas no han podido incorporar al sistema productivo garantizándoles el nivel de ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades mínimas. 

En otros casos se ha desconocido, por largo tiempo, la existencia de los dilemas. Por ejemplo, si bien el aumento de la eficiencia de las Fuerzas Armadas es, ciertamente, un objetivo válido, por otra parte este objetivo implica la intervención de organismos extraños a esa institución, lo cual seguramente generaría todo tipo de tensiones y roces con el sector militar. De esta manera, el dilema de aumentar la eficiencia del gasto militar, sin intervenir en los asuntos internos de la institución armada, plantea tantas complejidades y riesgos que, hasta ahora, simplemente ha sido preferible no reconocer que el dilema existe, porque es claro que las Fuerzas Armadas, al igual que cualquier otra organización, tiene límites para auto diagnosticarse y auto recetarse. 

Tal reacción ante los dilemas puede obedecer a razones tan diversas como la simple ignorancia, la poca experiencia acumulada en el manejo de los asuntos públicos durante largos períodos, y al simple miedo que lleva a no pensar ni hablar del dilema irresoluble. 

Finalmente, con frecuencia nos hemos comportado tratando de atender los dos polos del dilema al mismo tiempo. Este es el caso de la Ley Contra Despidos Injustificados y los esfuerzos por promover la productividad. Esta conducta ha sido posible y explicable en un país como Venezuela que ha contado con vastos recursos durante largo tiempo, donde ha habido para todo y donde hemos creído a fondo que querer es poder.

 EL TRAUMA DE TENER QUE DECIDIR 

Los dilemas y los conflictos sociales están estrechamente relacionados. En el fondo de todo dilema se encuentran las posiciones antagónicas de grupos que se benefician o se perjudican por la adopción de una u otra política. Los dilemas sociales hacen de la implementación de políticas un juego en el que las ganancias de unos son pérdidas para otros; así, recursos que destinamos al desarrollo turístico de Margarita podrían haber sido asignados a la construcción de viviendas en el occidente del país, cambiando así la localización de alegrías y tristezas. 

Los dilemas sociales, como muchos fenómenos colectivos, cobran fuerza y generan conflictos cuando un grupo social, con poder para intentar influir sobre las decisiones políticas, considera que es o puede ser afectado negativamente por una determinada alternativa. Con el transcurrir del tiempo los sectores sociales van desarrollando sus propias ideas acerca de lo que les conviene o no, por ende, sus posiciones ante distintos dilemas políticos. Es el enfrentamiento entre sindicalistas y empresarios, entre comerciantes importadores e industriales criollos, entre textileros y confeccionistas de ropa, entre asociaciones dé vecinos y constructores de viviendas,  etc., etc. Tal proceso de toma de conciencia ha ido tomando cuerpo en Venezuela luego de un cuarto de siglo de democracia ininterrumpida. Ya ha habido, por ejemplo, bastantes años de crecimiento y fortalecimiento del Estado como para que algunos sectores del país se percaten de las desventajas de este crecimiento; si bien, al mismo tiempo, es posible reconocer importantes beneficios, como, por ejemplo, lo que se refiere al desarrollo de una moderna infraestructura física o a la promoción de la educación en todo el país. 

A lo anterior se une un hecho decisivo. Ahora, época de vacas flacas, es menos fácil disfrazar los dilemas: cuando ya no hay para todos aparece la urgente necesidad de definir prioridades. Y, en época de vacas flacas, no podrá evadirse el hecho de que definir prioridades significa decidir lo que no se va a atender, y que, al hacerlo, se está postergando la atención a alguna necesidad de un grupo social; en pocas palabras, se está diciendo no a alguien. 

Un buen ejemplo es el caso de la paridad del bolívar frente al dólar. En este caso, emergió el conflicto entre algunos sectores de comerciantes, que aspiraban al dólar más barato posible, para así poder importar más fácilmente y algunos industriales, que preterían un dólar relativamente más caro como manera de protegerse de la competencia foránea. Otro caso interesante es el de la deuda privada externa: para algunos permitir su cancelación a la tasa anterior de Bs. 4,30 por dólar era crucial a fin de no arruinar a un grupo aparentemente numeroso de empresarios; para otros, tal reconocimiento representaba la aceptación de la viveza y el facilismo de algunos a costa de importantes sectores que pertenecen a todos los venezolanos. 

Es claro, entonces, que lo que queda de siglo será para Venezuela una época de grandes aspiraciones, en la que las carencias, las desigualdades y las limitaciones económicas harán inocultables los dilemas sociales. Es época de decidir o, más exactamente, de tener que decidir, de tener que diferir la satisfacción de muchas aspiraciones, de tener que optar, de tener que tomar decisiones por mucho tiempo pospuestas. De tener que lidiar con los embates de grupos sociales, políticos y económicos descontentos con las decisiones adoptadas. 

¿Cómo manejar el país en esta nueva fase sin generar más frustración y escepticismo en la población? 

EL MODELO DE DESARROLLO: ¿PILOTO AUTOMÁTICO O PALABRAS VACIAS? 

En libros, artículos o entrevistas de prensa, planes, documentos oficiales, conferencias o programas de televisión, académicos, empresarios, militares, gente de derecha y de izquierda, adecos y copeyanos, masistas y mepistas, socialistas y comunistas, ejecutivos y sindicalistas periódicamente nos recuerdan que tenemos que responder una pregunta: ¿Cuál es la Venezuela que queremos? Esta pregunta —se nos plantea— es crucial para responder: ¿Cuál es el tipo de industrialización que hemos de promover? ¿Cómo deben ser nuestras escuelas, liceos y universidades? ¿Cuál debe ser el papel del Estado en la sociedad? ¿Cómo debemos organizar nuestra economía? ¿Cómo debe ser la relación con otros países? 

Tal manera de ver las cosas hace énfasis en algo de muy frecuente mención en la discusión pública venezolana: los ideales y las metas nacionales o —dicho de manera más actual y hasta con cierto sabor técnico— el "modelo de desarrollo", el "proyecto nacional". Se trata —se nos dice— de saber cuáles son los objetivos, hacia dónde vamos y cuáles son los esfuerzos que nos aproximarán a donde queremos llegar. 

Este enfoque del manejo del país exige un amplio acuerdo social —al menos entre sus grupos más influyentes— en torno a un conjunto básico de objetivos nacionales supremos y supone, que, una vez obtenido ese gran consenso, lo demás —las políticas concretas, la unión de fuerzas sociales, la manera de organizarse, la continuidad en los esfuerzos, etc, etc. — se dará de manera más o menos natural. Una vez que sepamos cuál es la Venezuela que queremos, todo lo demás se dará por añadidura. Se trata de manejar al país como si tuviésemos un piloto automático: una vez que se define a dónde se quiere ir, ya no hay problemas importantes. Se llegará al lugar previsto. 

Tal es la fe que se tiene en el "modelo" que muchos de los líderes de opinión de las más variadas procedencias tienen una simple y telegráfica explicación de las crisis del país: "se agotó el modelo". Se agotó el modelo económico, el de industrialización, el de la democracia liberal, el petrolero, el de crecimiento educativo, el de... Y, obviamente, si algo se agotó, hay que reemplazarlo, por lo que se hace necesario buscar un nuevo modelo. Es como cuando un carro viejo ya no da para más; hay que adquirir un nuevo modelo. Y así, hay que buscar un modelo de país socialdemócrata, o socialcristiano, o un socialismo a la venezolana porque Venezuela no es Cuba, ni China, ni Rusia. ¿Y qué tal el modelo brasileño, o el chileno? ¿Por qué no el de Singapur o el de Corea del Sur? ¿O, quizás, el norteamericano? El que sea, con tal de tener un modelo integral que diga a dónde ir, que garantice la más alta coherencia en las más variadas áreas de política: la económica, la cultural, la social, la educativa, la internacional, la agrícola, la industrial, etc., etc. 

La visión del manejo del país como si existiera un piloto automático ha tenido como instrumento típico la exhortación. Lógicamente, los creyentes en algún modelo han predicado que, como país, debemos comportarnos de acuerdo con algún patrón particular: el capitalista, el socialista, el socialdemócrata, el socialcristiano, el bolivariano... o, de acuerdo con los menos convencidos por las opciones disponibles, simplemente debemos dedicarnos a buscar un nuevo modelo. Pero la exhortación va mucho más allá para decirnos, a través de todos los medios posibles y con toda la amplificación necesaria, cómo deben comportarse los venezolanos y sus organizaciones. No sólo en cuanto a temas generales sino también en todos los órdenes de nuestra conducta diaria. 

Lo curioso y hasta sorprendente de las prédicas exhortadoras es que exigen un cierto comportamiento sin tomar en consideración si la conducta que se pide y espera es posible o no. Esto es así hasta el punto en que muchas veces la exhortación pretende motivarnos a actuar de manera obviamente contraria a nuestros intereses y posibilidades. Por ejemplo, se nos ha exhortado a administrar la abundancia con criterio de escasez, cuando todos veíamos llover dinero; a tener confianza e invertir en el país, cuando las reglas de juego dictadas por el gobierno implican enormes riesgos; a comprar venezolano, a pesar de las serias deficiencias del control de calidad y los altos precios de los productos nacionales; a hacer turismo interno a pesar de los riesgos de no encontrar las reservaciones de hotel que habíamos hecho semanas antes del viaje; a no depositar nuestro dinero en bancos del extranjero, cuando los intereses eran más altos en el exterior; a estudiar y prepararse con seriedad a pesar de que nuestro sistema educativo tiende a inhibir la seriedad y el rigor académico; a compartir los sacrificios todos por igual, cuando tenemos serias diferencias sociales en cuanto a la capacidad para absorber los costos de la crisis. Y a ser un buen ciudadano, cuando es sumamente difícil conseguir el título de manejar, el teléfono, el cupo en un hospital público o que el Estado pague lo que nos debe, a menos que se cuente con un “contacto” apropiado. 

En el último cuarto de siglo el país ha presenciado las actuaciones de quienes, con fe en un modelo y armados con la espada ejecutiva de la exhortación, han querido hacer algo por el país. Se trata de un gran número de políticos, académicos, empresarios o planificadores que con gran ímpetu, idealismo y vocación de servicio han entrado al sector público para salvar a Venezuela. 

Es una larga y repetitiva historia de frustraciones de hombres y mujeres de éxito indudable en universidades, empresas privadas, organizaciones gremiales o partidos, que se esforzaron al máximo en el sector público v se sintieron fracasados porque no pudieron lograr los objetivos que se habían trazado. Conclusiones típicas de estos frustrados servidores públicos es que el país es ingobernable, que la administración pública tiene lo peor de los recursos humanos venezolanos, o que todo está politizado. 

Historias de frustraciones como esas y otros factores han hecho que la exhortación degenere fácilmente en un agudo moralismo social como manera de diagnosticar los males del país, proponer soluciones y gerenciarlo. Se habla de empresarios llorones, políticos improvisados, venezolanos derrochadores, bonchones y mayameros, estudiantes bochincheros, trabajadores reposeros, funcionarios públicos corruptos y de jueces vendidos. 

Y para ese tormentoso mundo se proponen grandes soluciones: hay que crear confianza, el gobierno debe enseriarse y presentar políticas coherentes, los empresarios deben hacerse eficientes y nacionalistas; hay que disciplinar el gasto público; los políticos deben despoetizar las instituciones politizadas y los venezolanos, en general, deben aprender a ser responsables, trabajadores y ahorrativos. 

Tal forma de analizamos conduce a recomendaciones del tipo “tenemos que inculcar el amor por el trabajo”, “debemos rescatar valores”, “debemos crear un sentido de responsabilidad patriótica en los políticos, los empresarios y los trabajadores” —todas ellas de un carácter educativo muy claro— y a reacciones típicamente punitivas como la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público, los escándalos del Sierra Nevada, el BTV y Cemento Andino, la publicación de largas listas de personas y organizaciones que compraron dólares en las semanas que precedieron al 18 de febrero de 1983, y al auge de personalidades que, en ámbitos tan diferentes como el policial, el cultural, el político y el universitario, ofrecen “meter a la gente en cintura”. 

Pero hay riesgos tal vez mayores que el moralismo. La frustración ante las dificultades para aglutinar a un país alrededor de un modelo considerado como deseable fácilmente lleva a buscar el consenso y la conducta apropiada "desde arriba", en la forma de leyes, decretos y planes, o estableciendo sistemas políticos totalitarios. La primera forma, típica de países como Venezuela, expresa la ingenuidad y la ansiedad de las democracias por resolver urgentemente los agobiantes problemas de siempre. Lamentablemente, esas leyes, decretos o planes con frecuencia están tan alejados de las aspiraciones, necesidades, expectativas, hábitos y valores de los ciudadanos y organizaciones que muy poco afectan la realidad del país. De esta manera, los modelos terminan efectivamente agotándose en sus expresiones formales —discursos, declaraciones, documentos administrativos y técnicos— lo que aumenta las frustraciones de los grupos sociales que los proponen. 

En América Latina no es raro que cuando se llega al extremo de la cuerda de la paciencia, esos grupos —de derecha o de izquierda— terminen planteando, como solución “definitiva” la toma del poder para establecer el modelo. En este sentido puede observarse que las dictaduras latinoamericanas que han surgido desde 1960 se autojustifican con un “modelo de país”. Primero aparecieron el “modelo cubano” y el “modelo peruano”, y luego, con un fuerte ingrediente de teoría geopolítica, surgieron el “modelo brasilero” y el “modelo chileno”. Y a todas estas, líderes de opinión venezolanos mostraban inmediatamente su entusiasmo, admiración, y hasta envidia, por esos “países con modelo”. Para mal de esos países y fortuna del nuestro, esos modelos, tarde o temprano, mostraron serias deficiencias. 

El cubano resultó repudiado por quienes aquí lo apoyaron hasta arriesgar sus vidas; el peruano concluyó con la triunfante reaparición del mismo grupo político a quien había desplazado; el “milagro brasilero” ha sido seriamente cuestionado; y el chileno no ha pasado de ser un fallido experimento de las doctrinas monetarias. 

De particular interés es la manera como los enfoques obsesionados por “el modelo” tratan al conflicto social: como algo dañino que hay que evitar. Por eso hay que evitarlo a toda costa antes de la acción, antes de instrumentar una política, un plan o un proyecto. La manera de hacerlo es —como en el caso del piloto automático— definiendo en forma muy específica los objetivos, y estableciendo de antemano los detalles de la instrumentación político-administrativa, a través de planes, leyes y otros documentos elaborados de la manera más detallada posible. Para esta manera de ver las cosas, las desviaciones de lo diseñado que puedan ocurrir en la práctica son vistas como violaciones de lo acordado, cuyo mecanismo de corrección debe ser, esencialmente y casi exclusivamente, la sanción. 

Así, el conflicto social necesariamente se convierte en el enemigo a vencer, por lo que un fuerte control directo de todos los sectores, grupos y regiones del país es visto como condición indispensable para avanzar siguiendo la brújula de un modelo. Este enfoque se traduce en la práctica en los constantes esfuerzos de los gobernantes para hacer más poderoso al Estado a fin de controlar a estudiantes indómitos, empresarios vivos, oficinas públicas anárquicas, militares ambiciosos, choferes indisciplinados y a la oposición politiquera. Todos estos esfuerzos son manifestaciones de la intención de “integrar desde arriba”. 

Las características, tendencias y riesgos de la fórmula basada en un modelo capaz de armonizar e integrar las acciones de personas, grupos, organizaciones y sectores, se derivan directamente de una convicción dominante en grupos dirigentes de distintas ideologías políticas: hay alguien —persona, grupo, institución— que sí sabe, sin la menor duda, lo que es el país —su economía, su sociedad, su cultura—, cuáles son los factores que nos han llevado a la situación actual y cómo podemos salir de ella. Tal convicción es típica de quienes ya tienen una solución y buscan la oportunidad de aplicarla. 

¿Tiene bases tal convencimiento? Creemos que no, ni siquiera en un país desarrollado y mucho menos en un país en el que tenemos serias deficiencias de información: muchos dudan de las cifras del censo, no conocíamos cuánto le debíamos a los bancos extranjeros, desconocemos la magnitud de nuestro propio progreso, no sabemos cuántos empleados realmente hay en el sector público o en el privado ni cuántas empresas privadas hay ni tampoco cuántos extranjeros viven en Venezuela ni muchos otros datos cruciales para el manejo de un país. Por lo demás, los planteamientos sobre lo que es y cómo debe ser un país responden irremediablemente a la manera de ver las cosas de cada grupo social, ya que, entre otros factores, las experiencias, la posición social, los hábitos, los valores, las tradiciones, las ocupaciones típicas de distintos sectores sociales influyen en los intereses e ideas de quienes forman dichos sectores. ¿Cómo puede, entonces, pretenderse que el diagnóstico de lo que es una sociedad tenga validez incuestionable y que las soluciones a sus problemas sean de indudable eficacia antes de que hayan sido probadas? 

Pero los problemas son apremiantes y hay que actuar. Y toda acción se basa en alguna idea o suposición acerca de lo que es correcto y lo que es conveniente. Y para actuar se necesita tener cierta confianza en lo que se está haciendo. Los “modelos” al menos dan esa confianza. Si sus bases son dudosas, ¿qué hacer? ¿Qué alternativa existe?

 

LA URGENTE NECESIDAD DE LA “CARPINTERÍA” 

Cuando hay presionantes necesidades, carencia de información, incertidumbre, confusión, enormes aspiraciones, ambigüedad, frustraciones, conflictos reprimidos —en una sola palabra, turbulencia—, el manejo cotidiano de las situaciones se convierte en el factor crucial. Por supuesto, que se necesita tener una concepción clara del lugar adonde se quiere llevar al país o a cualquiera de sus organizaciones —ministerio, empresa privada, fundación, universidad, sindicato, partido político, etc.— A decir verdad, se necesita tener un destino más preciso que el vago objetivo de "ser nación desarrollada" —o de "llevar el bienestar a todos".

Sin embargo —y esto es crucial—, de muy poco sirve definir adonde dirigirse si no se presta especial atención al cómo hacer las cosas. ¿Qué es el cómo hacer las cosas? Es lo que se relaciona con escoger objetivos y prioridades (¿de dónde salen los objetivos? ¿Por qué unos y no otros?); anticipar las restricciones concretas y buscar la manera de sortearlas en la práctica; generar y utilizar información sobre la marcha del país y sus organizaciones; seleccionar personas para los cargos más diversos; asignar recursos; discutir los problemas, escoger posibles soluciones y probarlas; reemplazarlas por otras cuando no dan resultado; responder a presiones, darle seguimiento práctico a las intenciones. . . No nos referimos a la gran política general, a la estrategia o al plan sino más bien a eso que en este país se ha llamado despreciativamente la carpintería.

Desafortunadamente, en un país de ideas grandilocuentes y proyectos audaces no hay mucho lugar para los detalles; esa infinidad de pequeños y cruciales asuntos que hay que atender para que las ideas se hagan realidad. Creer que querer es poder y la audacia han asfixiado la posibilidad de prestarle atención a la gerencia diaria. Hoy nos resulta dolorosamente obvio que en el pasado hayamos relegado demasiadas cosas a la categoría de "detalles de carpintería" que serían atendidos “después” y casi por arte de magia, pero que, en realidad, casi siempre terminaban siendo ignorados. El vergonzoso telex que en 1984 la República de Venezuela tuvo que enviar a todos los bancos del extranjero pidiendo que informaran si el país tenía alguna deuda con ellos, ya que no se disponía de información completa acerca de los créditos obtenidos, ilustra muy bien los efectos de este enfoque en algunos ministros y otros altos funcionarios, quienes, por estar muy ocupados "desarrollando el país", seguramente pensaron que tener un buen sistema de información financiera era cuestión de carpintería.

La gerencia de la “carpintería de todos los días” tiene como tarea principal la de mover a una organización en la dirección más deseable a la luz de sus objetivos y posibilidades. Para ello, un gerente competente debe lograr que su gente adopte conductas congruentes con las necesidades y objetivos de la organización. Si tiene experiencia, ese gerente estará consciente de que, por más poder formal que tenga y por más instrucciones, normas y procedimientos que imponga, si no genera una compleja y a veces muy sutil estructura de incentivos y limitaciones, premios y castigos, estímulos y restricciones, la gente no va a moverse en el sentido deseado. De hecho, el éxito de un gerente tiene mucho que ver con su capacidad para generar y manejar a diario esta filigrana de incentivos, esta artesanía gerencial. Desde esta perspectiva resulta obvio que el Presidente de la República, un rector universitario o un ministro debe cumplir primero y antes que nada estas funciones de un gerente.

Pero preocuparse de la “carpintería” y tratar de mejorar la gestión cotidiana no es sencillo. Por ello se corre el riesgo de caer en una nueva "exhortación". No se trata simplemente de predicar todos los días que tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas; se trata de descubrir cómo cambiarlas. Lo que los autores de este capítulo queremos enfatizar es la necesidad de reorientar el foco de atención desde lo general, abstracto y grandioso hacia lo menos vistoso pero más concreto y determinante de los resultados que queremos alcanzar con nuestras acciones como empresarios, políticos, académicos, sindicalistas o simples ciudadanos.

Se trata, en gran parte, de comenzar a discutir lo concreto y de, al menos, llegar a una situación en la cual identifiquemos con claridad eso que se llama "hablar paja" porque casi ningún efecto tiene en transformar la realidad. Así, por ejemplo, podemos aspirar al menos que no se siga tolerando que los políticos hablen de lo grave que es para el desarrollo institucional.

 

ORGANIZANDONOS PARA EL FUTURO: EL JUEGO Y SUS ARBITROS

Desde esta perspectiva la integración de esfuerzos de ciudadanos y sectores sociales se construye sobre la marcha. Más que la búsqueda directa de la integración desde arriba, la gerencia política requiere, como destreza fundamental, la capacidad para manejar adecuadamente el conflicto social. Este siempre existirá y la integración es, en parte importante, consecuencia de la adecuada gerencia del conflicto.

La necesidad de la gerencia del conflicto social se hace dramáticamente patente cuando ya se siente la escasez de recursos económicos y cuando tampoco hay recursos ideológicos profundos que permitan, por ejemplo, exigir verdaderos sacrificios a obreros, empresarios y grupos marginados, para enfrentarse, en mejores condiciones, al futuro. Todo esto es una situación en que las aspiraciones son muchas y la incertidumbre es alta.

Es cierto que sin un mínimo de consenso es difícil actuar, pero hay que recordar que ese consenso no puede ser un simple deseo, algo a lo cual se espera llegar a través de un milagro, de la fortuna en la ruleta de la historia, de la voluntad de buenos ciudadanos o de intensas reuniones entre grupos influyentes que, en apartados lugares, discuten largos documentos que expresan los deseos de cada quien. Es posible y deseable entender que la integración —o el consenso— pueden ser construidos dentro de las limitaciones que impone la dura realidad de la historia y que escapan al diseño consciente del hombre.

Lograr esa integración es, en parte significativa, un asunto de gerencia política. Si se alcanza es porque el país ha sido gerenciado de la manera adecuada, en un determinado momento. Si no se logra es porque era imposible en ese momento o porque, siendo posible, no manejamos al país correctamente.

No hay razones para pensar que el conflicto social vaya a disminuir. Con seguridad se va a intensificar. Quienes han dominado la discusión pública del país han insistido en la urgente necesidad del consenso. Desde nuestra óptica, más bien, lo urgente es preparar al país para manejar adecuadamente los conflictos. La búsqueda del consenso hay que dirigirla hacia las maneras de organizamos para solucionar los conflictos.

Cuando hablamos de conflicto no nos referimos solamente al conflicto generalizado, que ocurre, por ejemplo, cuando grupos con intereses y visiones diferentes acerca del manejo y el futuro del país entran en pugna para tratar de que su posición predomine afectándonos así a todos. También incluimos esos “pequeños” conflictos más particulares que no envuelven a toda la sociedad y que se producen normalmente entre individuos, grupos, empresas, gremios y otras instituciones tanto públicas como privadas. Discrepancias en cuanto a derechos de propiedad, acerca de la manera de asignar y utilizar el dinero del Estado o los recursos del país (tierra, agua, vegetación, etc.); conflictos entre trabajadores y empleadores, estudiantes y profesores, empresas que compran y empresas que venden, organismos que compiten entre sí, entre asociaciones civiles con intereses encontrados, entre diferentes gremios de profesionales o entre algunos miembros de esas instituciones y los grupos o personas que tienen el control de las mismas, etc., etc. El argumento central de este capítulo final es que la combinación de diferentes factores ha hecho posible que en Venezuela esos y otros conflictos hayan podido ser evitados, atenuados, pospuestos y en general manejados de maneras muy particulares. Si es cierta la apreciación de que las condiciones que en Venezuela han permitido este particular manejo de los conflictos están modificándose y hasta desapareciendo, entonces resulta obvia la urgencia de desarrollar mecanismos para enfrentar y arbitrar el conflicto que no dependan de la existencia de condiciones tales como la abundancia financiera y la actitud de que hay pa'todo y pa'todos o que “es mejor dejar eso así”...

Nos parece que los conflictos —que de hecho siempre han existido— ahora deberán ser enfrentados de manera mucho más directa y que será más difícil satisfacer a todas las partes en pugna, evitando, evadiendo o posponiendo la necesidad de decidir y enfrentar las difíciles alternativas que inevitablemente se le presentan a una sociedad. Evidentemente, esto será mucho más difícil de lo que parece, puesto que no sólo deberemos cambiar nuestras actitudes sino que tendremos que hacerlo con rapidez, eficacia y a través de instituciones poco preparadas para ello.

De lo que estamos hablando es de una sociedad que se acostumbró peligrosamente a vivir sin mucha necesidad de árbitros y reglas imparciales, que ahora se verá obligada a participar en un nuevo juego para el cual no tiene experiencia ni entrenamiento y donde los jugadores entrarán en conflicto con mayor frecuencia e intensidad. Desde esta perspectiva resulta obvia la urgente necesidad que como sociedad tenemos de acondicionar, profesionalizar y, en general, aumentar la eficacia de las instituciones de las cuales dependemos para investigar, divulgar, ventilar, discutir, y finalmente enfrentar y decidir acerca de los conflictos que se nos presenten. Entre esas instituciones están los medios de comunicación social, el Congreso de la República, los concejos municipales y, por supuesto, el sistema judicial.

Este último, por ejemplo, requiere de importantes y profundas modificaciones, limpiezas y reacondicionamientos. La aversión al conflicto, la abundancia financiera y la amenazante y abrumadora ineficacia de nuestro sistema judicial han hecho que no fuese ni muy atractivo ni muy prioritario tratar de mejorarlo.

Cualquiera que haya vivido de cerca las realidades de nuestro sistema judicial sabe que recurrir a él para arbitrar un conflicto es un ejercicio engorroso, incierto y peligroso. Tratar de intervenir para mejorar su funcionamiento puede serlo aún más. Sin embargo, tarde o temprano alguien tendrá que atreverse. En una Venezuela donde no será tan fácil ni posible “dejar eso así” en las situaciones de conflicto y donde la escasez limitará la posibilidad de inventar alternativas que complazcan a todos los involucrados, nuestro sistema judicial deberá jugar un papel muy diferente al que ha tenido hasta ahora. Los jueces deberán ser más preparados, más estudiosos, más independientes de los partidos políticos y, sobre todo, más imparciales. Es más, no bastará con que sean imparciales; también deberán ser percibidos como imparciales por quienes se verán afectados por sus decisiones. Su selección deberá depender más de los méritos de cada candidato a juez, y los partidos políticos deberán reconocer lo perniciosa que es su intervención sistemática en el nombramiento de funcionarios judiciales.

El lector que conozca al país y que nos haya acompañado en las reflexiones contenidas en este capítulo probablemente se sonría cínica y desesperanzadamente ante la lectura del párrafo anterior. Evidentemente, Venezuela, sus políticos y sus jueces están muy lejos de lo que se describe en ese párrafo y hay obstáculos monumentales a que progresemos en esa dirección. Sin embargo, debemos reconocer que si no se intenta y no se le da mucha más importancia a problemas aparentemente tan secundarios como, por ejemplo, la designación de un juez en una apartada ciudad del interior o a tratar de que sea más rápido, sencillo y confiable ventilar un conflicto a través del sistema judicial, es seguro que nuestro progreso como sociedad será mucho más lento del que podría ser si pudiésemos apoyarnos en instituciones judiciales más eficientes y menos viciadas.

Si parte de los recursos políticos, humanos y financieros que fueron destinados a crear empresas del Estado con objetivos absurdos, a construir una gallera monumental, a tratar de construir un puente a Margarita, a ser el país líder del tercer mundo o a desarrollar nuestra inteligencia, se hubiesen dedicado a tratar de mejorar aspectos muy concretos de la administración de justicia en Venezuela, quizás hoy estuviésemos mejor preparados para enfrentar el futuro.

Consideraciones parecidas nos merecen los medios de comunicación social, los concejos municipales y el Congreso de la República. En el futuro nuestras opciones deberán ser mucho mejor estudiadas, evaluadas y, sobre todo, comprendidas por la opinión pública, la cual es imprescindible que también comience a sentirse mejor representada que en el pasado en el proceso de tomar decisiones que afectan a todos los ciudadanos. En este sentido se hace patente la necesidad de que los medios de comunicación social difundan las diferentes opciones, sus consecuencias, sus ventajas y sus defectos, de una manera mucho más seria, profunda e imparcial. Aquí también hay obstáculos enormes para que ello suceda. ¿Cómo hacer, por ejemplo, para que la "información" que recibe la opinión pública no refleje, en realidad, los prejuicios y opiniones interesadas de los dueños —públicos o privados— del medio o la piratería y falta de profesionalismo de periodistas desmotivados, mal preparados y peor pagados? No lo sabemos. Pero de lo que sí estamos seguros es que si se comienza a reconocer esa realidad y sus devastadoras consecuencias para la democracia, quizá las soluciones no parezcan tan imposibles y distantes como ahora.

Lo mismo vale para los concejales y congresantes. Si no se reconoce su importancia y significación continuaremos dando por perdida una batalla que, como país, quizá no podemos darnos el lujo de perder. Es en los concejos municipales, por ejemplo, donde se expresan y de donde se originan muchos de los problemas y soluciones que nos afectan diariamente. Así habrá sido nuestra sensación de impotencia o confusión, en cuanto a la importancia de las cosas, que durante décadas hemos permitido que nuestro régimen municipal, y con ello nuestro ambiente cotidiano, se fuese deteriorando hasta alcanzar los niveles más inconcebibles.

El Congreso, por su parte, debería ser —y en el futuro muy probablemente será— el lugar donde se ponderen y discutan las opciones a seguir en cuanto a los aspectos más fundamentales del país. Hasta ahora, la burda politización del Congreso y la elección de los congresantes en las planchas de los partidos han hecho que las opciones no se discutan tanto en sus propios méritos sino más bien en función de las preferencias de pequeños grupos que, desde el cenáculo de los partidos, definen los lineamientos básicos. De esta manera se ha truncado cualquier posibilidad de que el Congreso y los congresantes desarrollen la  capacidad de analizar políticas y evaluarlas con más cuidado y seriedad.

En el futuro, si los congresantes son elegidos directamente por los ciudadanos de una región, quizás esto comience a cambiar. Sin embargo, sería muy ingenuo suponer que la elección uninominal de los congresantes es suficiente para aumentar la significación y relevancia del Congreso o la seriedad y profundidad de sus análisis.

Pero de todas maneras, esta es otra batalla que no podemos abandonar sin esperanza. Obviamente, el sistema legal, los medios de comunicación social, los concejos municipales y el Congreso no son las únicas instituciones sobre las que se puede hacer este análisis. Hay otras. El punto, sin embargo, es que estas instituciones —de cuyo buen funcionamiento, repetimos, depende más que nunca nuestra capacidad para progresar como sociedad y como país democrático— han sido descuidadas y hasta abandonadas durante los muchos años en los que nos dedicamos a perseguir fantasiosos y audaces objetivos. Esa búsqueda de "soluciones" grandiosas, instantáneas y casi mágicas hizo que el objetivo de tratar de mejorar la gestión diaria de nuestras instituciones (la policía, el Congreso, el IMAU, los hospitales, los mercados, la televisión, los parques) fuese demasiado pequeño y hasta aburrido. En fin, que fuese “simplemente cuestión de carpintería...”

El mejoramiento de la gestión diaria del país requiere que los grupos influyentes abandonen esa constante preocupación por lo grandioso, esa búsqueda de una solución histórica, en la forma del gran plan, la gran política, la idea, el hombre o el grupo salvador. Es urgente que se convenzan de que no hay una solución, que un país se construye ocupándose de soluciones aparentemente pequeñas que forman eso que, con cierto desprecio, se ha llamado "la carpintería". Si bien no hay dudas de que la preocupación por lo cotidiano es mucho menos atractiva y seductora que la preocupación por el gran diseño del país, es imperativo que cambiemos nuestros enfoques.

En este sentido, la escasez y las limitaciones por las que habremos de pasar son paradójicamente esperanzadoras. Ya no habrá tanto dinero para audaces proyectos y otras aventuras que nos distraigan de nuestros problemas fundamentales. Ya no habrá tantas posibilidades de inventar estilos de manejar el país dándose el lujo de despreciar tranquilamente las realidades diarias que nos afectan a todos. Los dólares baratos, que nos facilitaban los viajes al exterior o los proyectos grandiosos que nos hacían vivir en la imaginaria y desarrollada Venezuela del futuro, ya no nos servirán para escapar del concreto país cuyos problemas de funcionamiento debemos enfrentar. Ya no va a ser tan fácil escapar. Por eso hay más probabilidades de que comencemos a enfrentar los retos del presente.

Nuestra historia nos ha demostrado que cuando hemos tenido que enfrentar los retos, lo hemos hecho con éxito. Sí pudimos liberarnos como colonia y ayudar a otros a independizarse, si hemos triunfado en difíciles luchas contra las tiranías, si pudimos trasladarnos a velocidad extraordinaria al siglo XX, si hemos sido capaces de conquistar y mantener la democracia, tenemos que triunfar en esa necesaria, aunque difícil, batalla por mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones básicas. Ciertamente, se trata de una exigente meta cuya conquista requiere, como primer paso, saber cuál es la batalla que hay que librar y no otra, en este país y no en otro, en este momento y no en otro. Se trata de abandonar esa agradable pero paralizante ilusión en que por años nos instalamos y de ubicarnos plenamente en la dura pero transformable realidad de la Venezuela de todos los días. Eso es posible.

PIÑANGO, Ramón y NAIM Moisés. Tomado de su libro El Caso Venezuela. Una Ilusión de Armonía. Ediciones IESA, 1984. Capítulo 22, titulado igualmente Una Ilusión de Armonía.